Techo de vidrio

Mientras no aclare su participación en el caso del desvío de fondos de Taiwán, Arena no tendrá ninguna credibilidad ni autoridad moral para exigirle honestidad y transparencia a nadie. El sufrimiento que el fallecimiento de Francisco Flores causó en su familia y amistades no es excusa para evadir la justicia. Su muerte dejó más interrogantes que respuestas. Y si bien la causa penal se extingue con él, no debe pasar lo mismo con la causa civil, en la que hay más personas e instituciones involucradas. Solo la corrupción del sistema judicial y la anómala actuación del extitular de la Fiscalía General de la República explican que el caso se presentara a juicio como la actuación de un individuo. Las declaraciones de Flores ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa dejaron muy claro que una operación de esa magnitud no pudo hacerla a solas.

Más allá de las muestras de pesar de algunos altos dirigentes de Arena —que el hijo del expresidente calificó de hipócritas—, es ofensivo que el mismo partido que durante todo el proceso se negó a reconocer oficialmente su responsabilidad en el caso, ahora, con el fallecimiento del imputado, reconozca con tranquilidad que parte de los fondos llegaron a sus arcas para financiar una campaña política. Es obvio que los directivos de Arena debieron darse cuenta de todo. Sin embargo, guardaron silencio y dejaron que Flores padeciera solo. Todo parece indicar que asumen que con la muerte del único señalado también muere el caso y se extingue la responsabilidad del partido en el mismo.

Aceptar que fueron destinatarios del desvío de fondos no implica un mea culpa por parte de los dirigentes areneros; más bien debe interpretarse como un intento de enfilar la acusación contra el expresidente Saca y el que entonces era presidente del Coena. ¿Lo harían si ambos aún fueran parte del partido? Los argumentos de las autoridades de Arena son inadmisibles. Desde los que quieren desligar al instituto político de la responsabilidad y señalar a Saca, pasando por los que dicen que no había impedimento legal para que un Gobierno extranjero financiara campañas partidarias, hasta el cinismo de quien sostuvo, la misma noche de la muerte de Flores, que fue algo normal, “una costumbre que se ha venido dando, nada fuera de lugar”. Ninguno de los argumentos es ético ni justifica la desviación de fondos públicos.

Ciertamente, Antonio Saca debe responder por el desvío de fondos, pero no solo él. ¿No les dice nada a los dirigentes de Arena que hayan sido procesados como delincuentes tanto el expresidente de Taiwán que hizo las donaciones como los exmandatarios de Guatemala, Costa Rica y Panamá, contemporáneos de Flores, que las recibieron? Por simple conveniencia política, quienes alardean de defender el Estado de derecho y se rasgan las vestiduras por la institucionalidad no deberían mostrar tanto desdén por la justicia. La Fiscalía está llamada a que este caso no pierda fuelle y siga siendo un precedente en el país.