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Luego de que el senador estadounidense Marco Rubio acusara a José Luis Merino, dirigente del FMLN, de traficar armas y lavar dinero, el Fiscal General de la República afirmó que Merino está bajo investigación. “Viniendo estas aseveraciones de un funcionario público de otro país, y siendo el destinatario un político y funcionario de nuestro país, no se puede evitar investigar”, dijo el Fiscal. Esto obliga a preguntarse si ese es uno de los criterios que utiliza la Fiscalía a la hora de decidirse a realizar su trabajo o si se aplica caprichosamente, según la conveniencia del momento y de los señalados.
El caso de la masacre en la UCA está lleno de ejemplos que contradicen esas palabras. En 1991, el congresista estadounidense Joseph Moakley, entonces jefe del grupo de la Cámara de Representantes que investigó los asesinatos, sostuvo en un comunicado oficial, entre otras cosas, que la “decisión de asesinar a los jesuitas fue tomada en una pequeña reunión de oficiales sostenida en la Escuela Militar la tarde previa [15 de noviembre de 1989]”. Entre los presentes estaban los coroneles Guillermo Alfredo Benavides y Elena Fuentes, y los generales Juan Rafael Bustillo, René Emilio Ponce y Orlando Zepeda. La iniciativa del crimen fue del general Bustillo, “mientras las reacciones de los demás iban del apoyo a la aceptación renuente al silencio”. Siendo así, ¿por qué de todos ellos solo uno fue investigado y llevado a un juicio que adoleció de todas las incongruencias posibles?
El 11 de julio de 2011, cuatro senadores enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidiendo la cooperación del Gobierno de Estados Unidos en el proceso pendiente en El Salvador. Los senadores demócratas John F. Kerry, Tom Harkin, Patrick Leahy y Barbara Boxer le solicitaron a Clinton que proveyera cualquier información relevante y asistencia para localizar a uno de los indiciados, el coronel Inocente Orlando Montano. A Montano la justicia estadounidense le documentó responsabilidad en unas mil graves violaciones a derechos humanos, incluidos 65 asesinatos y la participación en la masacre en la UCA. ¿Ha hecho algo la Fiscalía ante la palabra de estos funcionarios señalando a un miembro del Estado salvadoreño? Y para justificar su negligencia no puede acudir al argumento de la amnistía, pues esta no protege a los funcionarios del Gobierno que la decretó y, más importante aún, el crimen cometido en la UCA es de lesa humanidad.
Y en el mismo sentido podemos recordarle al Fiscal General casos emblemáticos de horror que nunca han sido investigados, como el de monseñor Romero y las masacres en el Sumpul y El Mozote, por citar los más sonados. Pero no solo en este tipo de casos la Fiscalía ha exhibido una imperdonable pasividad. En 2009, la Inspectoría de la PNC vinculó al comisionado Godofredo Miranda con la banda Los Perrones. El caso tomó fuerza cuando el senador James McGovern pidió, a través de una misiva dirigida a Mauricio Funes, investigar a Miranda. El congresista denunció que el comisionado había ocultado información sobre un cargamento de droga de Los Perrones. Cuando era subjefe de la Dirección de Investigación Criminal, Miranda estuvo en el lugar donde violaron y asesinaron a su sobrina Katya. Hasta hoy sigue activo en el cuerpo policial. ¿Ha hecho algo la Fiscalía al respecto?
Y en los últimos años, cientos de afectados por graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado han presentado decenas de denuncias ante la Fiscalía. Solo el Idhuca ha presentado 66 casos documentados, sin que hasta la fecha la institución se haya inmutado. Por su parte, la Universidad de Washington documentó en 2015, con información desclasificada de la CIA, la responsabilidad del coronel Ochoa Pérez en la masacre en Santa Cruz, Cabañas, perpetrada en noviembre de 1981. La Fiscalía tampoco se ha dado por enterada.
La obligación constitucional del Fiscal General es investigar y dirigir la investigación del delito. Es bueno que de vez en cuando se decida a trabajar animado por los señalamientos de funcionarios de otros países, pero el criterio debería aplicarse a todos los casos. Por el cumplimiento de su deber constitucional, por decencia y por la exigencia ética de que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, el Fiscal debería ser coherente con sus propias declaraciones e investigar todos los casos que acá hemos mencionado.
