Un ejemplo a seguir

El jueves 13 de enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia organizó el que constituye su segundo acto de rendición de cuentas desde el nombramiento de sus magistrados, en julio de 2009. Este hecho es una novedad en la institución del Estado encargada de impartir justicia, y por su importancia conviene analizarlo.

Rendir cuentas a la sociedad del trabajo que realiza una institución es un acto de transparencia y de compromiso con la democracia. Las instituciones del Estado se deben por principio a los ciudadanos, y estos tienen el derecho de saber qué es lo que hacen los funcionarios y bajo qué criterios actúan. Cuando una institución rinde cuentas de su trabajo a la población, cumple su responsabilidad con el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada, y a la vez reconoce la soberanía que la Constitución le otorga al pueblo.

Las encuestas de opinión pública han mostrado reiteradamente la poca confianza de los salvadoreños en las instituciones del Estado. Y ese déficit de confianza se debe a dos razones. En primer lugar, a que la población ve que dichas instituciones no son efectivas y, en segundo lugar, a que no recibe la información adecuada y oportuna del quehacer de las mismas. La rendición de cuentas por parte de los organismos estatales es un medio para que la población pueda recuperar la confianza en ellos. La ciudadanía, al conocer la marcha de sus instituciones, sus criterios de acción y los avances o retrocesos en el trabajo de las mismas, tendrá la información que requiere para formar su opinión y tomar sus decisiones.

La Corte Suprema de Justicia es uno de los tres poderes del Estado salvadoreño, y cada uno de ellos tiene total autonomía e independencia del resto. Escudándose en esta autonomía e independencia es que hasta ahora ha evitado dar cuentas a la sociedad de su trabajo. Aunque, en la práctica, los anteriores magistrados de la Corte no hicieron gala de esa autonomía e independencia, sino que más bien actuaron al servicio de los grupos de poder, y no a favor de una justicia verdadera e imparcial. Por el contrario, la actual Sala de lo Constitucional ha mostrado con creces ser autónoma e independiente, apegada al derecho, y fiel a su misión de defender la Constitución.

En la rendición de cuentas, los magistrados de la Sala reconocieron que persiste la mora judicial y se comprometieron a superarla a lo largo de este año. También presentaron sus criterios para priorizar la solución de los casos que están pendientes desde 1999: comenzarán por los más antiguos y por aquellos en los que está en juego un claro perjuicio para los ciudadanos.

A la Sala de lo Constitucional le competen tres tipos de casos: el habeas corpus, el amparo y las demandas de inconstitucionalidad. Los dos primeros son especialmente sensibles y críticos, pues  ellos involucran a personas que consideran que su libertad personal o sus derechos fundamentales están siendo violados o amenazados, ya sea por actos de la autoridad o de particulares, por las instituciones del Estado o por otro ciudadano. No responder con rapidez a los mismos es poner en juego la vida y los derechos de las personas, y por ello la Corte ha dado prioridad a su solución. Con honestidad, los magistrados reconocieron que les quedan por resolver 435 casos, de los cuales 75 corresponden al período 2002-2007, algunos de ellos de muy difícil solución. Además, confesaron que deben sustentar mejor sus sentencias.

Que la Sala de lo Constitucional rinda cuentas a la población, mostrando los frutos de su trabajo, presentando sus criterios de acción y reconociendo la mora judicial, es una muy buena noticia y un acto que pone en evidencia la diferencia de criterios entre los magistrados de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia: ni la Sala de lo Civil, ni la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ni la Sala de lo Penal han presentado un informe de su trabajo. Lo ideal, lo justo sería que la Corte Suprema de Justicia, con sus 15 magistrados al frente, rindiera cuentas del trabajo que realiza como corte en pleno y de cada una de las salas que la constituyen. En este sentido, será un bien para el país que los 15 magistrados logren superar sus diferencias y, con la madurez que debe caracterizar a las personas que ejercen tan alta función, trabajen coordinada y armónicamente en beneficio del Estado de derecho y la justicia.

La acción de la Sala de lo Constitucional es un paso importante hacia la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones del Estado, y por tanto hacia la democracia. Es un buen ejemplo que merece ser imitado por todas las instituciones que están al servicio de la sociedad, ya sean públicas o privadas. Actos como este dan esperanza y generan confianza.