Un oficio de muerte

Hablar de la violencia en El Salvador es como llover sobre mojado. Nos ahoga una auténtica ola criminal; seguimos con una tasa de 12 homicidios diarios que nos ubica en uno de los deshonrosos y lamentables primeros puestos en este rubro a nivel mundial. Solo en el primer trimestre del presente año se registraron más de mil asesinatos en el país.

En El Salvador, todos y todas estamos expuestos en mayor o menor medida a las garras de la violencia. Pero uno de los sectores más vulnerables es el de los empleados del transporte público. El sábado pasado fue asesinado un motorista de la ruta 33A y ayer domingo el luto tocó a la puerta de las familias del motorista y el cobrador de un bus de la ruta 125, que hace su recorrido entre Chalatenango y San Salvador. Los trabajadores de esa línea estuvieron en paro la semana pasada debido a las amenazas de extorsionistas. Esas amenazas se hicieron efectivas el pasado domingo con el asesinato de los dos trabajadores, por lo que desde ese instante la ruta se volvió a paralizar.

Ser chofer es una profesión muy criticada; sobre todo cuando hablamos de los motoristas de buses y microbuses, ya que muchos hacen caso omiso de la reglamentación de tránsito y maltratan a los usuarios. Pero en el marco de la violencia criminal, los motoristas del transporte público se han convertido en blanco predilecto de pandilleros y delincuentes. Las cifras oficiales dan cuenta de que en 2010 fueron asesinados 137 choferes. Así, la ola criminal que vive El Salvador no solo atenta contra la vida, sino también contra el derecho al trabajo: no son pocos los choferes que han decidido dejar este oficio por miedo a ser asesinados.

El asesinato de un motorista o de un cobrador representa la orfandad de niños y niñas, la angustia de una compañera y la falta del sustento económico de una familia entera. A esto se suma la incapacidad de las autoridades para frenar el acoso que sufre este sector. En términos prácticos, la Policía y la Fiscalía General de la República no existen cuando se trata de garantizar la protección de los trabajadores y el esclarecimiento de los casos de asesinato. El domingo se repitió la secuencia de extorsión, amenaza y asesinato, esta vez en Chalatenango: sujetos desconocidos asesinan y huyen del lugar de los hechos sin ser identificados; por su parte, la Policía llega tarde y monta un operativo de búsqueda que no arroja resultados.

Es lamentable que los empresarios y sus empleados —carne de cañón en la guerra de la postguerra— tengan que negociar con el crimen organizado para garantizar su seguridad a cambio de una suma de dinero. Los paros de buses duran mientras llega ese acuerdo con los extorsionistas. Así de sencilla y cruel es la realidad que vivimos actualmente. Mientras tanto, la PNC y la Fiscalía son meros espectadores del poder de la delincuencia y de la impotencia de los trabajadores del transporte colectivo.