Un paso adelante en defensa de niñas y adolescentes

Hace apenas 15 días, la Asamblea Legislativa aprobó modificar el Código de Familia para prohibir el matrimonio con o entre menores de edad. La medida, tomada con la anuencia de todos los partidos políticos, es una muy buena noticia para toda la sociedad. Sin duda alguna, esta prohibición es un paso fundamental para proteger a niños, niñas y adolescentes de abusos y violaciones sexuales, y castigar debidamente a sus agresores. Una prohibición que era solicitada desde hacía mucho tiempo por las organizaciones que defienden los derechos de la niñez.

El matrimonio entre menores de edad o de un menor de edad con un adulto no es sano desde ningún punto de vista, pues los niños y los adolescentes no tienen las condiciones necesarias para tomar libremente la decisión de casarse ni la madurez requerida. Si la sociedad otorga la mayoría de edad a los 18 años y considera que a partir de ese momento una persona es plenamente responsable de sus actos, esa también debe ser la edad mínima requerida para unirse en matrimonio o formar pareja.

Las modificaciones al Código de Familia eran necesarias y urgentes, pues, tal y como estaba redactado, facilitaba el matrimonio con una menor por embarazo en marcha o por haber tenido ya un hijo con ella. Así, la prohibición es consecuente con la protección de los niños y adolescentes, que por su edad son más vulnerables y con facilidad pueden ser víctimas de abusos sexuales por parte de adultos. Es esta una acción importante que pone a El Salvador en consonancia con las convenciones internacionales sobre el tema. Pero sobre todo pone freno al abuso y la violación de menores, pues de ahora en adelante los adultos que cometan esos delitos ya no podrán casarse con sus víctimas para librarse de la justicia. Esa puerta se ha cerrado definitivamente.

De este modo, se crea congruencia entre el Código de Familia y el Código Penal para proteger a los menores, pues la legislación penal salvadoreña ya contemplaba como delito la relación sexual entre un adulto y un menor, ya sea en el caso de abuso, violación o estupro, penalizando más el hecho cuanto menor fuera la edad de la víctima. Ahora corresponderá a la Fiscalía y al sistema judicial poner todo su empeño para actuar contra estos agresores sexuales, imponiendo las penas máximas que establece el Código Penal.

A este respecto, la realidad salvadoreña es trágica. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2016, 22 mil 361 menores de edad, de entre 12 y 17 años, tienen una relación matrimonial o de hecho. Una parte de estas uniones de pareja han comenzado por un delito de violación que ocasionó embarazo. Entre el año 2003 y junio de 2017, la Fiscalía General de la República reportó un total de 20 mil 140 violaciones contra menores de 15 años. En 2015, un estudio realizado por el Ministerio de Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas identificó que una de cada dos niñas embarazadas con edades de entre 10 y 12 años fue obligada a sostener relaciones sexuales. Y entre las niñas de 10 a 17 años, 5 de cada 10 expresaron haber sido obligadas a unirse en pareja.

Esos números y los casos documentados por organismos de derechos humanos dejan claro que falta mucho por hacer para proteger debidamente a los niños y niñas, y romper con la cultura de la impunidad existente. A pesar de lo abultado de las cifras, son muy pocos los adultos condenados por abuso sexual, violación o estupro; en la mayoría de los casos, los que cometen estos delitos evaden la justicia o son protegidos por los funcionarios que administran justicia en contra de los derechos de las víctimas.

La prohibición del matrimonio infantil es un avance importante, pero es necesario seguir trabajando contra la cultura machista y sexista que tanto daño hace en nuestra sociedad. Hay que crear conciencia de que los niños y niñas requieren protección, especialmente ante algunas actitudes y comportamientos que están muy arraigados en nuestra cultura pese a los nocivos que resultan. Es momento de tomar conciencia de que la violencia de género debe denunciarse en todas sus manifestaciones, pero sobre todo cuando sus víctimas son menores de edad. No es posible que la vergüenza, la ignorancia, la cobardía o la costumbre de considerar todo lo relativo al sexo como un asunto privado impidan que la denuncia, persecución y castigo de los victimarios se lleven a cabo.