Un Procurador fiel a la Constitución

La semana pasada, David Morales terminó su período al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y en una nueva muestra de incapacidad para nombrar a las autoridades en el tiempo y la forma señaladas, la Asamblea Legislativa todavía no ha elegido a su sucesor. Actualmente, los diputados tienen pendientes los nombramientos de los tres titulares de la Corte de Cuentas, cinco miembros propietarios del Consejo Nacional de la Judicatura (en lo que llevan más de diez meses de atraso) y el titular de la Procuraduría. La tardanza en la elección de estos funcionarios obedece a la falta de acuerdos sobre nombres que satisfagan a las dos terceras partes de la Asamblea, es decir, acuerdos entre Arena y el FMLN.

Los cargos mencionados son importantes en la medida en que en ellos se busca colocar a personas que, según sea la correlación de fuerzas, faciliten o compliquen la labor del Gobierno de turno. En este sentido, en los nombramientos se suele privilegiar la simpatía o cercanía partidaria antes que la capacidad para realizar a cabalidad las funciones del puesto. De sobra conocemos la falta de interés de la Asamblea Legislativa de nombrar una Corte de Cuentas verdaderamente independiente, algo que ha sido cuestionado por la Sala de lo Constitucional en cuatro ocasiones, anulando sendas elecciones de sus titulares. Parece que a los diputados les tiene sin cuidado que el país cuente con una fiscalización de las instituciones públicas que señale y ponga coto a los actos de corrupción.

La elección del Procurador para la Defensa de Derechos Humanos es importante, más aún en un momento como el actual. Según la Constitución de la República, su función es velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, debiendo investigar las violaciones a los mismos, ya sea de oficio o al recibir una denuncia. A su institución le corresponde asistir a las víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos y promover acciones jurídicas o administrativas para su protección, independientemente de su estatus social o de su participación en actividades delictivas. Además, se le ha encomendado velar por las personas privadas de libertad y supervisar la actuación de la administración pública frente a ellas.

Un buen Procurador no puede dejar de lado estas tareas. Y si ello resulta molesto, la culpa no es de quien cumple la misión que la ley le asigna, sino de aquellos que no aceptan que les señalen sus errores o que les limiten sus modos de actuar. Son la Constitución y la ley específica que dio pie a la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos las que obligan al Procurador a actuar como lo ha hecho David Morales. Denunciar los abusos y atropellos de la Policía Nacional Civil, dar a conocer el desplazamiento forzado a causa de la violencia, señalar la inhumana situación de los privados de libertad, exigir justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos son tareas que le corresponden constitucionalmente. Si ante estos hechos el exprocurador hubiera callado, no hubiera denunciado e investigado a fondo, entonces podríamos hablar de un mal defensor de derechos humanos.

La Procuraduría es uno de los frutos más preciados de los Acuerdos de paz. Fue creada en febrero de 1992 con la finalidad de coadyuvar al restablecimiento y consolidación de la paz y a la reconciliación de la sociedad salvadoreña. Hasta ese año, El Salvador no contaba con una institución estatal que defendiera a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Ese papel lo desempeñaron diversas organizaciones no gubernamentales. Estas instituciones merecieron el apoyo de la población y de la comunidad internacional por su trabajo, y fueron claves para dar a conocer al mundo los crímenes de un régimen dictatorial. La creación de una institución estatal con amplias atribuciones y libertad para defender los derechos humanos significó un gran paso hacia el establecimiento de un Estado de derecho en El Salvador. No es posible que ahora se pretenda dar marcha a atrás eligiendo a un Procurador que no cumpla con la Constitución y calle ante una realidad que muestra signos evidentes de deterioro en la vigencia de los derechos humanos.