Un retraso contrario a la justicia

Contar con un buen Instituto de Medicina Legal es de suma importancia en la lucha contra el crimen y para contribuir al esclarecimiento de la verdad desde el sistema judicial. El Instituto fue creado en 1990 y es “un órgano colaborador de la administración de justicia […] que tiene como objetivo principal contribuir con la misma en la aplicación de la ley, mediante la realización de análisis científicos de elementos probatorios, evacuación de consultas técnicas en materias de su competencia y la práctica de exámenes que ordene la autoridad respectiva”. Su finalidad principal, entonces, “es la prestación de servicios periciales de forma independiente”. En 2014, para adecuar su funcionamiento a las reformas a Ley Orgánica Judicial y a las nuevas tendencias en materia legal, el Instituto se reorganizó, se detallaron mejor sus atribuciones y los servicios que debe ofrecer, y se crearon nuevos departamentos.

Sin embargo, el Instituto lleva ya un año y seis meses sin que la Corte Suprema de Justicia nombre a la persona que por ley debe dirigirlo. Desde el 31 de diciembre de 2015, está bajo el mando de un director interino. Que en un año y medio los magistrados de la Corte no hayan logrado encontrar a un candidato para ese puesto es incomprensible e injustificable. No hay razón para que una institución de esa naturaleza, con la importancia que tiene y las funciones que desempeña, permanezca tanto tiempo sin dirección. Desde la perspectiva legal, nada le impide a la Corte Suprema de Justicia nombrar al Director General del Instituto, pues solo necesita 8 de los 15 votos posibles. En dos ocasiones se han abierto oposiciones para ocupar la plaza, pero a pesar de haberse presentado varios candidatos, ambas fueron declaradas desiertas. Esto evidencia una insensible falta de voluntad de los magistrados para cumplir con sus obligaciones éticas frente a la sociedad.

Muchos se preguntan por qué la Corte Suprema de Justicia ha sido incapaz de realizar el nombramiento después de tanto tiempo. Las respuestas son variadas, desde que se busca más a un político que a un técnico hasta que no se encuentra a una persona que cumpla con los requisitos que la ley y el reglamento respectivo exigen. Independientemente de las razones, la acefalía del Instituto no es solo una situación anómala, sino una manera de bloquear su desarrollo. A lo largo de los últimos años, las técnicas de medicina legal en el mundo han evolucionado aceleradamente, y sus servicios se han convertido en un instrumento fundamental para hacer justicia. Los avances en materia de biología genética, antropología forense e informática forense son claves para resolver delitos de forma científica, lo que antes era imposible.

El Instituto de Medicina Legal requiere de un experto en la materia, con el liderazgo y la capacidad técnica necesarios para ganarse el respeto y la credibilidad de los jueces y de la población, a fin de contribuir tanto a la lucha contra el crimen del presente como a superar la impunidad de los crímenes del pasado. Y es posible que esto último sea la verdadera razón por la que no se le ha apostado al fortalecimiento del Instituto, pues este está llamado a desempeñar un rol muy importante en el esclarecimiento de los casos de masacres y desapariciones forzadas ocurridos durante el conflicto armado. Al derogarse la ley de amnistía y abrirse la tarea de investigar los casos consignados en el informe de la Comisión de la Verdad, es crucial contar con un Instituto de Medicina Legal fuerte, con capacidad técnica actualizada y del más alto nivel. Y cuyo trabajo esté respaldado por una ley que dé pie a un registro nacional de ADN y a un banco de perfiles genéticos. En este sentido, mantener congelado el nombramiento del titular del Instituto podría interpretarse como una acción deliberada de la Corte para obstruir la justicia. Y ello no debería ser tolerado.