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Uno de los más espinosos temas de la agenda pública salvadoreña es la situación de los centros penales. Hablar de las cárceles salvadoreñas no es del agrado de muchas personas, sobre todo para aquellas que consideran que los privados de libertad no deben tener derechos y deben ser sometidos a los peores tratos sin ningún tipo de consideraciones, pues ellos tampoco las tuvieron con sus víctimas. Y la realidad de las cárceles del país no está lejos del deseo de estas personas; la situación en los penales es una bomba de tiempo. Los días dentro de estas prisiones son un rosario de tratos crueles, degradantes e inhumanos. Pese a las declaratorias de emergencia, la dinámica interna en las prisiones no cambia. El hacinamiento en que viven los reclusos, el poco o nulo proceso de rehabilitación, y la corrupción son algunas de las tantas deficiencias que abaten al sistema penitenciario. Y si a esto le sumamos que la mayoría de la población reclusa es gente pobre y marginada, lo que tenemos es una institucionalidad resquebrajada, un Estado que no está al servicio de la sociedad, sino de aquellos que tiene poder político y/o económico.
No hay que perder de vista que los altos niveles de criminalidad que afectan al país encuentran su explicación en la carencia de procesos de rehabilitación en los centros penales, además de la falta de investigación policíaca y el imperio de la impunidad y la corrupción. La realidad que se vive dentro de esas miserables cuatro paredes nos dice que las cosas deben cambiar. De acuerdo a los registros oficiales, solo en el primer mes de este año se registraron 13 asesinatos al interior de los centros penales. Cuatro de estos homicidios ocurrieron en Tonacatepeque (San Salvador), en el centro de menores administrado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA); cinco en el penal de Usulután; dos en Cojutepeque, Cuscatlán; uno en Izalco, Sonsonate; y otro en Apanteos, Santa Ana, todos estos bajo la responsabilidad de la Dirección de Centros Penales.
El desprecio por los privados de libertad, especialmente por los miembros de las pandillas, llega a tal extremo que algunas personas no tienen reparo en mostrar satisfacción o alegría ante las muertes al interior de las cárceles; asesinatos que normalmente son explicados como productos de purgas al interior de las maras o de la lucha por el control de los centros de internamiento. Nunca hemos escuchado que los asesinatos en los penales tienen que ver con la incapacidad de gobernarlos, quizá porque no se ve con malos ojos que los mareros se aniquilen unos a otros.
La labor del Estado en el manejo del sistema penitenciario debe ir encaminada a dar condiciones adecuadas de ocupación, alimentación, vestimenta, salud y educación. En definitiva, y tal como lo indican las leyes naciones y tratados internaciones, es responsabilidad del Estado garantizar los derechos humanos de los reclusos. Como dijimos al principio, este tema, y sobre todo estas consideraciones, no son del agrado de mucha gente; gente que califica como "defensores de delincuentes" a todos aquellos que señalan el infierno en que se han convertido las cárceles y el maltrato cotidiano al que son sometidos los internos. Pero es deber de todo cristiano y de todo aquel que lucha por la justicia no callar antes cualquier atropello contra la dignidad humana.
