Una buena noticia sobre las pensiones

Si nos fijamos en los grandes medios de comunicación, especialmente los escritos, las buenas noticias casi siempre las protagonizan las asociaciones o fundaciones de empresarios. Pareciera que solo ellos o sus amigos y partidarios hacen algo bueno por el país. El arzobispo de San Salvador publica un par de excelentes cartas pastorales que tocan temas clave de país, pero eso no es noticia. Las universidades realizan investigaciones importantes, pero los periódicos solo les dedican atención si en ellas se critica al Gobierno del FMLN o si se les paga con propaganda. Recientemente, un grupo de confederaciones, federaciones, sindicatos y movimientos populares presentó una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Y esa es una buena noticia, porque ellos representan mucho más a los actuales y futuros pensionados que Asafondos, la ANEP y otras instituciones más preocupadas por mantener el negocio de las AFP que por universalizar un derecho humano básico.

Desde 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que toda persona “tiene derecho (...) a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. La referencia a una pensión universal por ancianidad es clara. Sin embargo, en los grandes medios de comunicación apenas se toca este tema. Hasta la fecha, todo se ha reducido a ensalzar las bondades de las AFP y a discutir si estas deben dar un poco más o un poco menos al 25% de la población que tiene derecho a pensión. El 75% restante queda en el olvido, pues Asafondos, la ANEP y otras instituciones, que suelen dar la impresión de creerse dueñas de El Salvador, aún no se enteran de que existen derechos humanos universales.

La buena noticia es que por fin los sindicatos entran al debate con una propuesta técnica que apunta a la universalidad y a la necesaria responsabilidad estatal en este campo. Sería interesante preguntarle a la gente de Asafondos si ha leído la Constitución. Y si lo han hecho, que aclaren qué significa para ellos que el artículo primero afirme que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República (...) la justicia social”. ¿O será que creen que la justicia social solo puede darse a través de la empresa privada? Ni el Estado ni Asafondos tenían un plan ambicioso para incluir a los trabajadores autónomos en el sistema de pensiones. La misma razón por la que se ofrece educación gratuita vale para pensionar a los ancianos que trabajaron toda su vida, pero que nunca cotizaron debido a la pobreza. Una pobreza que no es responsabilidad de los propios pobres, sino de quienes se han negado por siglos a una justicia social básica.

Es buena noticia que los trabajadores hablen, propongan, participen en discusiones técnicas, salgan del interés puramente gremial y miren a las necesidades de un pueblo que, como bien decía el PNUD hace unos años, es uno de los más trabajadores del mundo. Un pueblo trabajador que ha sido dejado de lado en la toma de las grandes decisiones. Olvidado a la hora de universalizar servicios indispensables vinculados a derechos humanos. Olvidado, al menos por los olvidadizos de siempre, cuando se trata de discutir leyes como la de pensiones y la de aguas. La organización popular y sindical no debe permanecer callada ni debe ser manipulada por nadie, política, cultural o ideológicamente.

Universalizar las pensiones, reformar por fin un sistema de salud nacional que discrimina a la población, dar la misma calidad educativa a todos, tanto en el campo como en la ciudad, son deudas que solo se podrán saldar con la participación de las asociaciones populares y los representantes de los trabajadores. Es muy buena noticia que ellos dejen oír su voz con una propuesta técnica. Y es necesario que todos los salvadoreños de buena voluntad se sumen a la defensa de los derechos humanos, en los que se enmarca el derecho a una pensión universal por jubilación y ancianidad.