Una elección ética, no política

Cuando faltan muy pocos días para que termine el período del actual Fiscal General, es necesario reflexionar un poco más sobre las actitudes y esperanzas que el nombramiento del nuevo titular genera en estos tiempos de violencia exacerbada. Con frecuencia se ponen unas expectativas exageradas en la elección de la persona y se olvidan dos factores que tienen, para bien o para mal, más peso. La situación y calidad de las instituciones es el primero. Una buena institucionalidad funciona incluso con una persona no necesariamente brillante o adecuada. Pero una institución grande, de funcionamiento deficiente, mal estructurada y con vicios persistentes en la selección y conformación del personal necesita algo más que un experto para iniciar el camino a la excelencia. Y el segundo de estos factores es la cultura imperante. Cuando el ojo por ojo, la venganza como tradición, el machismo y la ley del más fuerte dominan en la cultura, el esfuerzo por cambiar patrones de violencia tiene que ser colectivo y fruto de un trabajo interinstitucional.

Con esto no queremos decir que la elección de la persona que esté al frente de la Fiscalía carezca de importancia. Claro que la tiene. Apego a las leyes del país, historial libre de favoritismos sectoriales y compromiso con la lucha contra la impunidad de los poderosos son tres condiciones que deberían considerarse indispensables. Pero es necesario valorar a la persona en el contexto de los dos factores mencionados. Quien sea elegido debe tener la capacidad de diseñar políticas de largo plazo en la lucha contra la criminalidad y ser capaz al mismo tiempo de desarrollar una intensa relación con una gran diversidad de instituciones, tanto las del área judicial y de la persecución del delito como las abordan el tema de la violencia desde la investigación y el estudio. La relación con las organizaciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, dedicadas a proteger y defender los derechos humanos debe ser también prioritaria, en la medida en que reciben y escuchan con mayor cercanía el dolor de las víctimas.

Es evidente que al frente de la Fiscalía se necesita a alguien enérgico y capaz de enfrentar los duros retos que tiene El Salvador en la persecución del delito. Enfrentarse a la impunidad que cubre a una serie de hechos graves, como el homicidio, el abuso de menores o la violencia contra la mujer, requiere personas de carácter. Pero también eficacia profesional y capacidad de dialogar e impulsar un esfuerzo multidimensional contra la violencia y el delito. Una Fiscalía mejor dotada, una puesta en común de las dificultades que enfrentan policías, fiscales y jueces, una más honda reflexión sobre la cultura de la violencia y las vías posibles hacia una cultura de paz no son tareas que correspondan exclusivamente al Fiscal. Sin embargo, él tiene que estar en medio del diálogo y de la búsqueda de soluciones a la falta de coordinación interinstitucional y a la violencia rampante.

Un buen Fiscal no puede dejar que sus subalternos y la Policía continúen perdiendo el tiempo con detenciones masivas por resistencia a la autoridad para después soltar rápidamente a los detenidos, que en su gran mayoría son jóvenes. Eso solo dilapida recursos (ya escasos), fomenta la impunidad y acrecienta la desconfianza en las instituciones. Mucho menos puede permitir la trampa o el exceso de fuerza, como en los enfrentamientos en que muere un buen grupo de supuestos delincuentes a manos de agentes o soldados que resultan ilesos pese a ser sorprendidos en inferioridad numérica. Tampoco es tolerable el uso como testigos criteriados de personas que en realidad han sido chantajeadas para que den testimonio.

Entre los candidatos a dirigir la Fiscalía hay excelentes profesionales; también personas que han convivido alegre e irresponsablemente con la impunidad. Algunos son rechazados por una buena parte de la sociedad civil, y los diputados deberían tomar nota de ello. La elección del Fiscal no debe ser una elección puramente política, sino ante todo una elección ética. En ese contexto, escuchar a la sociedad civil legitimaría la decisión de los legisladores y les ayudaría a entender mejor los problemas de la institucionalidad actual, las raíces de la violencia y la necesidad de recursos tanto para la Policía como para la Fiscalía. Y sobre todo les posibilitaría conocer de primera mano y comprender la problemática de las víctimas de las múltiples injusticias que sufre la mayoría de nuestro pueblo. Eso, sin duda, les ayudará más a elegir al Fiscal que El Salvador y su gente necesitan.