“Para mí, el padrón electoral es la columna vertebral del sistema electoral. Sin un registro electoral confiable, actualizado, depurado permanentemente, cualquier proceso electoral resultaría con un fuerte grado de contaminación y no reflejaría exactamente cuál es la voluntad del cuerpo electoral”. Estas palabras fueron dichas por el ahora vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en el programa Abriendo Puertas del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, transmitido por Radio YSUCA en 2014. Ulloa tenía toda la razón: en un estado democrático, en el que se reconoce el derecho al sufragio activo, el padrón electoral es imprescindible en tanto herramienta para contabilizar y dejar constancia de quiénes pueden votar y quiénes ya lo han hecho. El padrón es una garantía de la democracia, pues permite contabilizar los votos de manera efectiva e impedir que alguien vote más de una vez en un mismo ejercicio electoral. Sin embargo, los diputados oficialistas, partiendo del argumento de que el padrón es muy engorroso, decidieron dejarlo fuera de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, aprobada el pasado 18 de octubre.
Que los y las migrantes tienen derecho a votar, está fuera de discusión. Pero el voto en el exterior debe hacerse bien, sin artimañanas que manipulen la voluntad de los migrantes para favorecer a una fuerza política. Que en la recién aprobada ley no se incluya el padrón electoral no solo es una grave deficiencia, sino también un signo de alarma sobre la intencionalidad de la normativa. Y no es esa la única falencia. Los diputados oficialistas contradicen tanto lo dicho por el ahora vicepresidente como al presidente de país. Una sentencia de la Sala de lo Constitucional mandó a la Asamblea Legislativa a emitir una ley que permitiera a los salvadoreños en el exterior votar también por los consejos municipales. En 2020, Nayib Bukele vetó una ley del voto en el exterior precisamente porque no contemplaba que los compatriotas votarán por concejos municipales. “Adefesio jurídico”, le llamó entonces el mandatario. Siendo así, la ley aprobada es otro adefesio jurídico: a los compatriotas en el extranjero solo se les permitirá votar para elegir presidente, vicepresidente y diputaciones. No podrán hacerlo para concejos municipales ni para el Parlacen, por lo que esta ley también viola la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
La ley del régimen contempla dos modalidades para votar en el extranjero en 2024: la electrónica presencial, que se realizará en consulados y centros de votación, y la remota, que se realizará por Internet. Los migrantes podrán votar con su pasaporte o su DUI, sin importar que esté vigente o vencido. Quienes en su documento de identidad estén domiciliados en El Salvador tendrán que votar el domingo 4 de febrero en los consulados o centros de votación habilitados. Quienes en su documento estén domiciliados en el extranjero votarán por Internet y tendrán 30 días para ejercer el sufragio. Así, las personas que deberán desplazarse para emitir su voto solo tendrán un día, pero aquellos que podrán votar por Internet, lo cual solo les tomará unos minutos, tendrán un mes para hacerlo. Además de esta contradicción, todos los votos por Internet serán para elegir las diputaciones de San Salvador. Y la ley prohíbe a los partidos políticos vigilar el voto por Internet, incluso excluye al mismo Tribunal Supremo Electoral, y obliga a contratar a un tercero para que audite el programa de computación utilizado. Y como ya es costumbre en el régimen, la ley autoriza al Tribunal saltarse la Lacap en las compras que se deriven del seguimiento al tema electoral.
De este modo, gracias a la ley de Nuevas Ideas y sus aliados, no se podrá detectar si una persona, aprovechando que tiene domicilios diferentes registrados en su DUI y pasaporte, vota dos veces. Tampoco se podrá garantizar la autenticidad de los votos por Internet. Diversos analistas creen que con esta ley hasta los muertos podrán votar. Este panorama alienta el temor de que las elecciones de 2024 no sean limpias ni transparentes. Si a miles de salvadoreños les suplantaron la identidad registrando su DUI en la billetera electrónica Chivo, ¿qué impedirá que eso suceda masivamente el día de las elecciones? En este sentido, la ley aprobada es una invitación al fraude electoral.