Una oportunidad histórica

El miércoles 6 de enero, 18 militares retirados fueron capturados en Guatemala por su involucramiento en desapariciones forzadas y delitos contra la humanidad. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público guatemalteco, los detenidos tendrían responsabilidad en por lo menos 88 eventos relacionados con masacres entre 1981 y 1986. Entre los detenidos está Manuel Benedicto Lucas García, hermano del expresidente Romero Lucas García (1978-1982), por su supuesta vinculación en al menos 558 desapariciones forzadas durante los años ochenta. Guatemala también celebrará un juicio el próximo 11 de enero contra el expresidente Efraín Ríos Montt y el que fuera su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, ambos acusados de genocidio por la muerte de 1,771 indígenas ixiles a manos del Ejército entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983.

En julio de 2015, 28 años después de haber quemado a dos jóvenes chilenos que participaban en una protesta en contra de la dictadura de Augusto Pinochet, siete exmilitares fueron procesados por la justicia de ese país sudamericano. En octubre de 2014, un juez argentino condenó a cadena perpetua a 15 de 20 procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos en un centro de detención conocido como La Cacha durante el régimen militar, a finales de la década de los setenta. Entre los que recibieron la máxima pena están el exjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y un exministro. En diciembre de 2014, 11 militares uruguayos, junto a 20 miembros de las juntas militares de Bolivia, Chile y Perú, fueron enviados a juicio al Tribunal de Roma por causas vinculadas a la violación de derechos humanos. En 2013, en Alemania fue juzgado un hombre de 92 años, que formó parte de la tropa élite nazi, por haber asesinado por la espalda a un combatiente holandés al final de la II Guerra Mundial. El procesado ya había sido condenado previamente por otros crímenes. En 2005, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, con 93 años de edad, fue procesado por la desaparición de tres personas durante su dictadura, que duró 35 años.

Los anteriores son ejemplos de casos de graves violaciones a los derechos humanos que fueron llevados a la justicia en diversos lugares del mundo. En muchos de ellos, sonaron tambores de guerra, se alarmó sobre crisis de estabilidad, se apeló a la mal entendida soberanía, pero la justicia llegó y no se vino el cielo abajo. No importa los años transcurridos, al final la verdad se abre camino, porque es el único modo de construir sólidamente la justicia y la reconciliación. Nada bueno sale de la mentira y ningún perdón es verdadero si se exige el olvido o se impone por decreto. La reconciliación social de un pueblo solo es posible y duradera si se conoce la verdad. Los que dicen que conocerla abre heridas no saben nada de estos procesos o están de alguna manera implicados en crímenes de lesa humanidad. Nunca las víctimas han formulados esas afirmaciones.

La paz, para que sea real, debe fundarse en la justicia. Y la justicia se construye a través de la verdad, por dolorosa que esta sea. Lo único que puede sanar las heridas de un pueblo es el conocimiento de la verdad, la aplicación de la justicia y la dignificación de las víctimas. Eso no se ha hecho en El Salvador a casi 23 años de terminado el conflicto armado. Las resistencias son demasiado fuertes todavía y la impunidad no solo sigue vigente, sino que se exhibe con morboso orgullo. En el país, ningún crimen de lesa humanidad cometido antes o durante el conflicto armado ha sido judicializado. Pero la justicia tendrá que llegar, porque de lo contrario no se saldará la deuda con la verdad y con las víctimas.

La reafirmación de la difusión roja de la Interpol contra 17 militares vinculados con la masacre de la UCA es otra oportunidad para que el sistema de justicia enmiende la plana, para que corrija todos los esperpentos que se han hecho en el pasado para conservar la impunidad. No se trata de venganza. Se trata, simplemente, de hacer justicia y de cumplir este derecho conculcado por tantos años. Las autoridades tienen la oportunidad inmejorable de comenzar a andar el camino de la reconciliación y abrir la puerta a la justicia. Si lo hacen, pasarán a la historia nacional como los que dieron este paso trascendental; si no, engrosarán la lista de los orfebres de la impunidad.