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El pasado 10 de marzo, tres sindicatos de docentes presentaron en conjunto a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley Integral de Pensiones, con el fin de mejorar los montos que reciben los maestros al jubilarse. Para ello proponen crear, dentro del sistema de pensiones, un régimen especial para los docentes, de modo que estos se les calcule la pensión de forma distinta que al resto de los derechohabientes. Así, a los maestros se les asignaría una pensión equivalente al 75% del último salario recibido.
Bien han entendido los sindicatos de docentes que la nueva Ley Integral de Pensiones ha beneficiado principalmente a los que ya recibían una pensión al momento de aprobarse la ley, pero no a los que se jubilarán en el futuro. En el caso de los futuros pensionados, la normativa beneficia únicamente a los trabajadores con los salarios más bajos, que recibirán una pensión más cercana al sueldo que perciben trabajando. El resto, los que perciben más de dos salarios mínimos, no verá mayor beneficio con la reforma.
En este grupo se encuentran los maestros, la mayoría de los empleados públicos y de los profesionales de nuestro país, a los cuales, pese a la reforma, la jubilación les supondrá una disminución importante en sus ingresos. Lo objetable en la propuesta de los maestros es que propone una solución únicamente para su gremio, dejando de lado a los trabajadores, tanto del sector público como privado, que se encuentran en la misma situación que ellos.
Esta iniciativa de los gremios magisteriales pone en evidencia los límites de la reforma de pensiones y que esta no resuelve el problema de una buena parte de los cotizantes: el sistema es incapaz de ofrecer lo que la OIT recomienda: una pensión que como mínimo sea del 40% del salario percibido. En lugar de ello, la reforma prefirió destinar los escasos recursos del sistema a favorecer más a los 120 mil pensionados, la mayoría de los cuales ya recibía pensiones mayores a las que obtendrán los futuros jubilados. La mayor parte de los jubilados recibían pensiones que habían sido calculadas en base al 80%, 60% o 50% del salario básico regulador. Con el aumento del 30% que la reforma les otorgó, ahora perciben una pensión muy superior a la que el sistema de ahorro individual es capaz de ofrecer.
Si de justicia social se tratará, la reforma debería haber buscado como prioridad mejorar las pensiones de aquellos cuya pensión no cumple con el estándar de la OIT ni satisface las expectativas de los afiliados al sistema, como es el caso de los docentes y de la mayoría de profesionales. La Ley Integral de Pensiones y su aplicación han creado una élite de jubilados y dejan insatisfechos a los que se pensionarán en el futuro, los cuales no tendrán más remedio que seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante, pues su pensión no les permitirá vivir con el mismo nivel de vida.
La propuesta de los sindicatos de docentes debe ser considerada, pero no solo para resolver el problema de un sector, sino para todos los trabajadores. Es necesario, pues, revisar la Ley Integral de Pensiones y el sistema de ahorro individual para buscar una alternativa capaz de proporcionar una pensión digna a todos los cotizantes. Como muy bien han señalado los técnicos de la OIT, los sistemas de pensiones por ahorro individual como el salvadoreño no son capaces de ofrecer una pensión que cumpla con estándares internacionales. En este sentido, no se requiere una simple reforma, sino un cambio radical del sistema.
