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Si hay una instancia estatal que ha estado continuamente en el centro de la atención en el último lustro, esa es, sin duda, la Sala de lo Constitucional. Cuatro de los cinco magistrados que la constituyen se convirtieron en inesperados protagonistas de cambios importantes en el país. Inesperados porque su elección fue el fruto de una negociación entre los partidos políticos, con la mediación de Casa Presidencial, a mediados de julio de 2009. Y la norma es que esas negociaciones arrojen jueces que actúan guiados más por los colores de quienes los eligen que por la Constitución. Pero estos magistrados han demostrado independencia e imparcialidad, dos requisitos fundamentales para impartir justicia. Inesperados también porque una buena parte de la población creía que los cambios provendrían de la administración Funes, no de una de las salas de una Corte Suprema de Justicia que hasta entonces destacaba por su defensa del statu quo.
La Sala de lo Constitucional de 2009 comenzó a dictar sentencias que tocaron poderes que nadie se había atrevido a cuestionar desde el Estado. Una de sus sentencias afectó a un poderoso medio de comunicación, miembro de un sector que se considera al margen de impuestos y de leyes como la que persigue el lavado de dinero. La Sala también detuvo prácticas del poder ejecutivo, que no por añejas eran correctas, como el desvió de fondos de carteras de Estado a Casa Presidencial. Pero, por sobre todo, tocó las reglas del juego de los partidos políticos. Sentenció la desaparición del PCN y PDC, anuló el nombramiento de un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral y propició el voto por rostro y las candidaturas independientes para diputados, entre otros cambios largamente esperados. Y no se pueden dejar de mencionar algunos aportes, pequeños pero significativos, en materia de reforma del sistema judicial, que estaban pendientes desde los Acuerdos de Paz.
Estas acciones de los magistrados les valieron para poco a poco aglutinar simpatizantes y defensores, pero también detractores. Sin lugar a dudas, el punto culminante de las aversiones que cosechó la Sala por sus sentencias fue el tristemente famoso decreto 743, aprobado por los diputados de la derecha el 2 de junio de 2011. Yendo en contra de todos los parámetros internacionales, el decreto determinó que los fallos de la Sala debían resolverse por unanimidad, contando con los votos de los cinco magistrados. En ese marco, triste fue el papel tanto del entonces presidente Funes, que sancionó el decreto el mismo día de su aprobación, como del FMLN, que no votó por el decreto, pero demostró que lo avalaba. Luego hubo otros intentos de desarticular a la Sala de lo Constitucional, pero muchos sectores de la sociedad civil se pronunciaron en su defensa.
El tiempo ha pasado y no pocas personas y sectores que apoyaron a los magistrados ante la avalancha de críticas, incluso en los conflictos de institucionalidad con la Asamblea Legislativa, poco a poco han bajado la voz en su defensa. Algunos de ellos argumentan que las últimas sentencias han estado dirigidas contra la actuación de personas e instancias de un solo color político. Por ejemplo, la que anuló la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia por vinculársele al FMLN; la que dictó que se hagan públicos los gastos y asesores de la Asamblea Legislativa; la que bloqueó el financiamiento de la toma de posesión del nuevo Gobierno; la sentencia que declaró inconstitucional el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo Electoral; y la que prohibió a Mauricio Funes ser nombrado diputado del Parlacen. Además, no puede soslayarse que hay demandas sobre temas muy importantes que la Sala no ha resuelto. En junio de 2011, en un comunicado público en el que se retractó del decreto 743, Arena aseguró que habían recibido certeza por parte de la Sala de que la ley de amnistía no sería cuestionada. Tres años después, el silencio de los magistrados ante la demanda interpuesta contra esa ley alimenta suspicacias y da pie a la desconfianza.
Es decir, ahora manifiestan dudas los que antes confiaban, mientras los detractores de siempre siguen criticando. Como sea, es difícil negar que en estos años, la actuación de la Sala de lo Constitucional ha traído avances importantes, sobre todo en cuatro aspectos: reformas políticas electorales, rendición de cuentas y transparencia, igualdad ante la ley e independencia del poder político. Pero eso no quita que a los magistrados pueda señalárseles que en algunas de sus actuaciones parecen haber ido más allá de sus atribuciones. Precisamente, una acusación en su contra es que están reformando la Carta Magna con sus sentencias. Probablemente, los magistrados se han empeñado más en lo que a su juicio es hacer avanzar la democracia que en el estricto cumplimiento de la Constitución, y de ahí que en algunos momentos se hayan extralimitado.
Por otra parte, se esperaría que tengan el mismo empeño y celeridad en dictar sentencia sobre temas de trascendencia para El Salvador y que están pendientes. Hay una demanda de 2000 contra la Ley de Integración Monetaria; por lo menos tres contra el Tratado de Libre Comercio, interpuestas desde 2006; dos contra la Ley de Telecomunicaciones (de agosto de 2012 y de abril de 2014); y, como se dijo, una demanda de marzo de 2013 contra la ley de amnistía. Bien haría la Sala de lo Constitucional en resolver pronto sobre estos casos de importancia estructural para el país.
