Unidos contra la corrupción

Recientemente, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2015, que “clasifica a los países del mundo según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales”. En esta ocasión, el Índice señala como países más corruptos a Corea del Norte y Somalia, mientras que en el otro extremo aparece Dinamarca, por segundo año consecutivo. Según el estudio, es muy corta la lista de los países exentos del flagelo; dos tercios de las naciones del planeta presentan problemas de corrupción. Con todo, Transparencia Internacional afirma que “a pesar de que la corrupción sigue siendo generalizada en todo el mundo, en la edición 2015, ha habido más países que han mejorado su puntuación de los que la empeoraron, lo cual viene a demostrar que cuando los ciudadanos y la sociedad civil trabajan conjuntamente se puede tener éxito en la lucha contra la corrupción”.

Y he allí algo que vale la pena resaltar: la ciudadanía es cada vez menos tolerante a la corrupción, más consciente de la necesidad de combatirla y de castigar ejemplarmente a los funcionarios públicos que ceden a ella. Esto explica que en 2015 se hayan visto en tanto lugares del globo tantas manifestaciones ciudadanas contra la corrupción. El caso más cercano es el de Guatemala, donde la presión de la gente fue un factor determinante para la dimisión del Presidente y de una larga lista de funcionarios por, entre otros, el escándalo de fraude a las aduanas conocido como “La línea”. También se ha ampliado el concepto de corrupción. Hoy, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la define como “soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no se limita a ello. La corrupción también abarca los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas”.

El papa se ha referido recientemente al flagelo con palabras muy duras: “La corrupción es la polilla, la gangrena de un pueblo”. Y afirma que es incompatible con el cristianismo: “El corrupto es quien peca, no se arrepiente y finge ser cristiano; quien se lamenta por la escasa seguridad en las calles, pero después engaña al Estado evadiendo impuestos. Con su doble vida, escandaliza”. Con ello, Francisco señala al ciudadano y a su responsabilidad de cumplir con las obligaciones tributarias. No hacerlo tiene efectos graves para los más pobres, quienes son —o deberían ser— los primeros beneficiarios de los fondos públicos. Según Transparencia Internacional, en 2015 la corrupción causó la pérdida de un billón de dólares alrededor del mundo. Pero los daños alcanzan a muchas dimensiones de la vida pública; para los expertos, la corrupción “perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política”.

El Salvador ha subido ocho puestos en la clasificación mundial que establece el Índice de Percepción de la Corrupción, pero mantiene la misma puntuación de años anteriores. Como es costumbre en estos casos, el hecho ha sido leído de diversas formas. Por un lado, la Secretaría de Transparencia aplaude que se haya escalado, mientras que los medios de comunicación y el capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador señalan el estancamiento que el país ha tenido al no lograr incrementar significativamente su puntuación. Ambas cosas son verdad y dignas de atención. El Salvador no ha empeorado en su calificación, como sí ha pasado con otros países, pero no ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción. En este sentido, no podemos darnos por satisfechos con haber subido ocho puestos en el ranquin, pues ello no es mérito nuestro, sino que obedece al empeoramiento de la situación de corrupción en otros países. La meta que debemos perseguir es llegar a los 50 puntos (0 nivel máximo de corrupción, 100 nivel mínimo) en el menor plazo posible.

Tal y como señala Transparencia Internacional, “solo es posible ganar a la corrupción si trabajamos juntos. Para erradicar el abuso de poder y el soborno, y sacar a la luz negociaciones secretas, los ciudadanos deben decir al unísono a sus Gobiernos que ya han tenido bastante”. Pero también es necesario que el Gobierno de El Salvador asegure las reformas necesarias para evitar la corrupción. Es esencial contar con una legislación que castigue con dureza ese delito y, como señala Transparencia, “garantizar que el poder judicial esté exento de influencias políticas y posibilitar una cooperación regional más eficiente entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y persecución de delitos, para evitar que los corruptos se oculten en distintas jurisdicciones”. Mientras eso llega, a la población le corresponde seguir insistiendo en sus reclamos de cambio, continuar presionando por una mayor transparencia y control de las acciones de los funcionarios públicos, exigir sin matices a los líderes políticos que trabajen por las instituciones responsables y eficientes que el país y su gente necesitan.