Vergonzosa situación

El informe estadounidense de derechos humanos de este año insiste en que en El Salvador existen una amplia corrupción y una extendida impunidad. De la impunidad tenemos demasiados ejemplos, tanto en el pasado como en el presente. Los crímenes de la guerra civil no solo permanecen en la impunidad más absoluta, sino que el Estado salvadoreño la ha amparado con juicios convertidos en verdaderas farsas jurídicas, con la inacción o con la protección de los acusados. Incluso la Corte Suprema de Justicia actual se muestra cobarde e indecisa ante los crímenes del pasado, sus autores y las leyes que protegen la impunidad. La situación es trágica. Aunque acá son asesinadas más personas al año que las que mueren en algunos países con guerras internas, aproximadamente el 90% de los homicidios queda en la impunidad.

De la corrupción abundan los datos. Exceptuando a Napoleón Duarte, los demás presidentes de la República se enriquecieron notablemente durante sus cinco años de gobierno. La participación en empresas fantasma y en otros negocios turbios va conociéndose poco a poco. En el caso de los diputados, los casos van desde la participación en el narcotráfico y en empresas beneficiadas desde el poder hasta contrataciones de amigos inútiles y la utilización de recursos y personal del Estado para provecho propio. En general, los presidentes de la Asamblea Legislativa han sido expertos en enriquecerse de modo ilícito. Con excepción de algunos casos de narcotráfico o lavado de dinero, los demás delitos, faltas de ética o incorrecciones no son perseguidas por la justicia.

A pesar de las arbitrariedades cometidas por algunos de los titulares de la Fiscalía General de la República en las que se puede presumir delito, ninguno de ellos ha sido investigado y mucho menos llevado a juicio. Si en los crímenes de lesa humanidad reina la impunidad, en los casos de corrupción la ineficacia de la investigación suele mandar. Si llamamos corrupción a las diversas formas de evadir y eludir impuestos —y es claro que éticamente podemos hacerlo—, nos encontramos con que no es una enfermedad que solo ataca al Estado, sino un problema nacional, enraizado tanto en el poder político como en el judicial y el económico.

Invitar a soñar que con impunidad ante el crimen y la corrupción se avanzará hacia el desarrollo sostenible solo pueden hacerlo los totalmente ingenuos o los malintencionados. Si no comenzamos a combatir estas dos lacras, ni la criminalidad descenderá ni el desarrollo humano llegará. La mano dura solo tensará situaciones, golpeando a los más pobres y soslayando la corrupción. Se quiere avanzar en penas y castigos contra los adolescentes, pero se evita entrarle a fondo al tema de la corrupción. Pegamos a los niños y dejamos en la impunidad a los delitos de cuello blanco. Muy educativo el modo de proceder. La sociedad civil, aunque disgregada y débil todavía, comienza a darse cuenta de esta problemática y quizás desde ahí será posible encontrar caminos de salida de esta vergonzosa situación.

En otras regiones del mundo, uno de los pasos que se impulsan desde la sociedad es la deducción de responsabilidades. Con la publicación de los Papeles de Panamá, el Primer Ministro de Islandia dimitió, lo mismo que el Ministro de Industria de España. Ambos insisten en que no cometieron delito. Pero aparecer en una lista en la que hay evasores de impuestos, políticos corruptos y blanqueadores de dinero le has llevado a renunciar. Porque los políticos tienen la responsabilidad no solo de ser honrados, sino de no mezclarse en acciones, relaciones u organizaciones turbias. En el caso de El Salvador, hay empresarios y políticos con empresas offshore, que envían dinero a las Islas Caimán o a las Bahamas, que participan en negocios con alguien vinculado al narcotráfico, y todos tranquilos. Tranquilos y confiados en un sistema judicial ineficiente, con poca capacidad de perseguir el delito y con escasa o nula voluntad de investigar delitos complejos. Deducir responsabilidades, exigir desde la sociedad civil a los políticos que dimitan ante faltas evidentes de ética o de corrección ciudadana es requisito indispensable para comenzar el camino de la decencia política y la finalización de corruptelas e impunidades.