Violencia, niñez y crimen organizado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó recientemente el informe “Violencia, niñez y crimen organizado”, en el que ofrece un amplio análisis de la situación de violencia y de vulneración a los derechos humanos de los que son víctimas los niños y adolescentes. Por la importancia del informe y la claridad con la que plantea la situación, reproducimos parte de la nota que la misma Comisión difundió sobre el documento.

Las condiciones de inseguridad y la violencia son importantes factores de preocupación en la región que conllevan graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas. La opinión pública con frecuencia asocia estos contextos con los adolescentes, a quienes responsabiliza en gran medida por el clima de inseguridad que se vive en muchas comunidades. La atención se centra especialmente en los adolescentes varones de los barrios pobres y periféricos, que pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos y discriminados, quienes cotidianamente son estigmatizados y señalados como “potenciales peligros sociales” que deben ser controlados. Sin embargo, la realidad difiere de estas percepciones y es mucho más compleja. Las niñas, los niños y los adolescentes son uno de los grupos más afectados por las diversas formas de violencia y vulneraciones a sus derechos, así como por el actuar del crimen organizado y por las políticas de seguridad ciudadana de carácter represivas.

Las zonas especialmente afectadas son los barrios menos desarrollados, con acceso limitado a servicios básicos, falta de oportunidades y con una escasa implantación del Estado. Son zonas con población en situación de vulnerabilidad que no tienen garantizados sus derechos debido a situaciones estructurales de marginación y exclusión social. Estos factores facilitan el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a cometer delitos y de organizaciones criminales. En adición, los importantes réditos económicos asociados al mercado ilegal de las drogas han contribuido de modo destacado a la expansión de grupos criminales que compiten por este mercado y sus beneficios […]. El fácil acceso a las armas de fuego, y el elevado número de ellas en manos de particulares, contribuyen a agravar el clima existente de inseguridad y la violencia.

El informe de la CIDH constata con profunda preocupación que las condiciones en las que viven las niñas, niños y adolescentes en estos contextos pueden llegar a ser abrumadoras. Muchos de ellos sufren situaciones de violencia, abuso y negligencia en sus hogares, comunidades y escuela, por parte de adultos, de sus pares e incluso de la policía. La calidad educativa es deficiente y existen muchos obstáculos para el acceso a niveles de educación superior así como para acceder a oportunidades laborales y a un empleo digno. Muy a menudo los niños y los adolescentes sufren presiones, amenazas o engaños para que colaboren con estas organizaciones; otros adolescentes se acercan a estos grupos en búsqueda de oportunidades, reconocimiento, protección y sentido de pertenencia, aspectos que de otro modo no consiguen obtener. Una vez dentro de estas estructuras, son utilizados y explotados por los adultos para una amplia gama de acciones […]. Las niñas y las adolescentes, en particular, son las principales víctimas de violencia sexual y de la trata con fines de explotación sexual. Los adultos los usan como elementos descartables e intercambiables en las estructuras criminales, el último eslabón de la cadena, siendo la edad promedio de captación los 13 años.

Las respuestas de los Estados frente a estos desafíos se basan primordialmente en políticas fuertemente centradas en los aspectos de control coercitivo por las fuerzas de seguridad y de represión punitiva a través del sistema penal. El común denominador de las estrategias de seguridad en la región ha sido la atribución de mayores competencias a las fuerzas de seguridad del Estado aunada a una progresiva militarización de la policía y sus operativos así como a la participación del ejército en acciones de seguridad ciudadana.

Sin embargo, estas estrategias no han contribuido a reducir significativamente el clima de inseguridad; por el contrario, muchos países han experimentado un recrudecimiento de la violencia además de reportarse abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La CIDH muestra su preocupación por las elevadas cifras de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal, tratos crueles, inhumanos y degradantes, inclusive ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, así como la lentitud en su investigación y el nivel de impunidad en que quedan estos actos.

Debido al estigma social hacia algunos adolescentes de determinados grupos sociales, estos son frecuentemente las víctimas de estos abusos y arbitrariedades. Entre las situaciones detectadas, la CIDH ha observado que la aplicación del delito de “asociación ilícita” o de “pertenencia a grupo criminal” ha incrementado el número de detenciones arbitrarias de adolescentes en base a su apariencia y a la creencia que puedan pertenecer a una mara o a una agrupación criminal, sin que existan evidencias de la comisión de un delito. En varios países de la región se observa una sobrerrepresentación de los adolescentes pobres entre las personas detenidas por la policía. La persecución de los delitos de “asociación ilícita” y de los delitos de drogas ha conllevado, además, a que en la práctica se haya elevado el número de detenciones preventivas y su duración debido a la saturación del sistema judicial.

Por otro lado, los Estados de la región priorizan las respuestas retributivas y penalizadoras hacia los adolescentes en conflicto con la ley penal, siendo el encierro la medida más extendida. Las propuestas de reducción de la edad de responsabilidad penal para los adolescentes, en algunos casos desde los 12 años, y el alargamiento de las penas pueden implicar que pasen encerrados toda su adolescencia, fase crucial para su formación, crecimiento y desarrollo personal. A lo anterior se le agrega que los centros de privación de libertad, los cuales mayoritariamente se encuentran en condiciones alarmantes en términos de seguridad, salubridad y hacinamiento, se han convertido en factores adicionales de vulnerabilidad y de exposición a la violencia y al crimen para los adolescentes, lo cual solo lleva a profundizar y robustecer el problema que se busca solucionar. La CIDH reitera en el informe que las medidas tendientes a responsabilizar a los adolescentes por sus actos deberían basarse principalmente en un modelo de justicia restaurativa y medidas socio-educativas que tenga como objetivo la rehabilitación y la reinserción social del adolescente.

A juicio de la CIDH, las actuales políticas buscan mostrar resultados a corto plazo pero no logran abordar adecuadamente las causas estructurales ni se enfocan suficientemente en la prevención, o en programas de inversión social y promoción de derechos. Son políticas que no toman en cuenta las consecuencias específicas de estos contextos para los y las adolescentes, quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad y desprotección […]. El informe concluye recomendando a los Estados que hagan frente a la violencia y la inseguridad a través de políticas públicas que tengan un carácter integral y holístico, que consideren la centralidad de los derechos humanos y garanticen efectivamente la vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.