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Llegó en el momento oportuno. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó su “Informe sobre el estado de los bienes hídricos en El Salvador”. El decreto de emergencia del Gobierno por la escasez de agua y la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para el derecho humano al agua y al saneamiento, Leo Heller, hacen que el documento de la Procuraduría vea la luz a la hora justa.
La primera característica del informe es su rigurosidad. Apoyándose en los estudios más autorizados sobre el tema y presentando sus propios datos, confirma la dramática situación del agua en el país: mientras la demanda para el consumo humano, para usos industriales y para la agricultura ha aumentado significativamente en los últimos años, la cantidad y calidad de las aguas superficiales y subterráneas han disminuido. Por ejemplo, se demuestra con datos la alarmante reducción de los acuíferos de San Salvador y Nejapa. Otro tanto se hace con el caudal del 70% de los ríos que nos quedan. Esta realidad contradice las afirmaciones irresponsables que, como fruto del desconocimiento y del interés político partidario, atribuyen la crisis hídrica solo a la mala administración de ANDA.
El estudio también determina algunas de las causas que han llevado a esta situación límite. Los cambios inadecuados en el uso del suelo, construyendo centros comerciales o complejos habitacionales en zonas declaradas de máxima reserva, como la finca El Espino; la expansión de los monocultivos sin implementar estrategias de conservación del suelo; la deforestación que ha dejado al territorio nacional solo con un 13.6% de cobertura boscosa son algunas de las causas que han contribuido a la escasez crónica de agua. Además, como se sabe, los efectos del cambio climático ya están presentes en El Salvador: el aumento de la temperatura y la disminución de la lluvia quedan consignados en el informe. Y las proyecciones de daños por este fenómeno global apuntan a que nuestro país tendrá su futuro comprometido si no se hace algo proporcional al deterioro medioambiental que nos caracteriza.
Esta tremenda situación está directamente vinculada a la imposición de intereses económicos por sobre cualquier otra consideración, incluso la viabilidad del país al corto plazo. Por eso, contrarrestar la crisis no puede dejarse en manos del mercado. Es el Estado el primer garante de que el derecho de todas las personas al agua sea una realidad. El informe de la Procuraduría concluye con un llamado urgente a aprobar la Ley General de Aguas, para que se reconozca ese derecho humano universal y se deposite en el Estado la responsabilidad de regir los lineamientos estratégicos sobre el agua.
Abundan cada vez más las muestras de sensibilidad sobre el tema y crece la conciencia sobre la necesidad de hacer algo. Sin embargo, los diputados permanecen impasibles, sordos ante el crujido de un país que se seca. No han aprobado el reconocimiento en la Constitución del derecho humano al agua, y los partidos que han negado sus votos no han querido explicar las razones. En la Asamblea Legislativa lleva más de 10 años engavetado el anteproyecto de la Ley General de Aguas. ¿Sabrán que a la hora de votar el interés de la mayoría de la población debe pesar más que el lucro de grupos económicos?
