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“La economía en El Salvador muestra una tendencia al aumento de la desigualdad en unas condiciones en las cuales la población se encuentra con salarios muy bajos y, en su mayoría, con empleos precarios”. Esta es una de las conclusiones del estudio Análisis socioeconómico de El Salvador, año 2017, presentado el 19 de febrero por el Departamento de Economía.
El estudio aborda ocho de los principales problemas que afectan a El Salvador: el mercado laboral y la fuerza de trabajo, con especial énfasis en el tema de salarios, pensiones y la situación de las mujeres en el mercado laboral; la evolución de la productividad en El Salvador desde la perspectiva de la teoría del valor trabajo; demografía y desarrollo; desigualdad y polarización en El Salvador 1985-2016; política de ingreso y política fiscal; la economía salvadoreña frente a la competitividad internacional; y comportamiento monetario y dolarización.
Sobre la situación del mercado laboral, Mario Montesino, jefe del Departamento, destacó que los sectores primarios y terciarios continúan generando empleos precarios, sin seguridad social. Además, la brecha salarial promedio ha aumentado a favor de los hombres, desde un poco más de $46 a más de $56. Mientras, el salario de las mujeres, sin importar su nivel educativo (desde ninguno hasta 13 años de escolaridad), representa en promedio el 83% del que reciben los hombres.
“En El Salvador no hay cambios sustanciales ni en las empresas ni en los hogares. En ambos espacios se sigue invisibilizando el importante trabajo de la mujer en la economía del cuidado, en la que las horas dedicadas por las mujeres son seis veces más que las dedicadas por los hombres”, añadió el economista.
Con respecto al problema de las pensiones, Saira Barrera, catedrática e investigadora del Departamento, valoró que la reforma realizada “deja mucho que desear, ya que se sigue sosteniendo en un sistema de capitalización de los ahorros individuales en una economía que, con bajos salarios y precariedad laboral, carece de la capacidad para elevar el número de cotizantes y aumentar las cotizaciones”.
Durante la presentación del informe, se hizo énfasis en la necesidad de fomentar la inversión, tanto pública como privada, en la “economía del conocimiento”, un enfoque que promueve el desarrollo desde cuatro pilares: inversión planificada en educación, promoción de la innovación, infraestructura moderna de la información y garantía de las operaciones de mercado. Estos, a su vez, se miden a través de los indicadores educación, acceso a tecnología e innovación. “Se debe evaluar las potencialidades del país para hacer una estrategia. En temas de educación y tecnología ya se han hecho avances significativos, pero se necesita invertir más en innovación”, afirmó Iliana Álvarez, parte del equipo de investigadores que elaboró el estudio.
Ante las problemáticas identificadas, el documento propone una estrategia integral de desarrollo y crecimiento a través de un modelo de redistribución económica que permitiría, en un plazo de 10 años, alcanzar mayor bienestar para los trabajadores y mayores excedentes, de los cuales los empresarios obtendrían sus ganancias netas y el Gobierno, sus tributos.
