Estudio sobre covid-19 y violencia estructural

Entre 2020 y 2021, un equipo de investigadores de la UCA realizó el estudio “Covid-19 y violencia estructural” con el objetivo de conocer cómo las inequidades económicas y sociales afectaron a la población salvadoreña en el contexto de la pandemia por el coronavirus.

Para la recolección de la información, se utilizaron dos técnicas de investigación: una encuesta aplicada con el apoyo del Iudop a una muestra estadísticamente representativa de la población a nivel nacional; y 15 entrevistas semiestructuradas a personas que padecieron cuadros graves de covid-19, con el fin de recopilar insumos cualitativos.

Según los resultados de la investigación, las familias salvadoreñas asumieron un gasto mensual promedio de $24.00 en insumos para la prevención del covid-19 (como mascarillas y alcohol en gel), un estipendio no previsto que se sumó a los gastos esenciales. Partiendo del hecho de que el costo de la canasta básica se incrementó de los $199.30 que valía en diciembre de 2019 a $211.00 en 2021, más los $24.00 mensuales para prevención del coronavirus, las familias tuvieron un incremento mensual en sus gastos de $36.00. Por supuesto, el impacto de ese aumento fue mayor en los hogares de menos ingresos.

El dato de los gastos en prevención, además, muestra una leve diferencia si se analiza por zonas del país. Los hogares del área metropolitana de San Salvador (AMSS) fueron los que más gastaron, alcanzando un promedio de $26.12 dólares mensuales; en el otro extremo, los del área paracentral gastaron menos, con un promedio de $22.05 dólares mensuales.

Esta variación es mucho más evidente si se evalúa en relación al estrato socioeconómico al que pertenecen las familias. El estudio las dividió en tres sectores: alto, medio alto y medio bajo (ingreso familiar promedio de $707.21), obrero-marginal ($408.27) y rural (ingreso de $287.13). Cuando se analizó la inversión en insumos de prevención, se obtuvo que el estrato alto, medio alto y medio bajo gastaba cada mes un 5.8% de sus ingresos; el obrero-marginal, 8.6%; y el rural, 10.6%.

La investigación también abordó el acceso a pruebas y vacunas. Según el estudio, el acceso a pruebas para detectar el coronavirus varía según la zona del país: el porcentaje de hogares que indicaron que uno de sus miembros había tenido la oportunidad de realizarse una de estas pruebas fue de 41.3% en el AMSS, 38% en la zona paracentral, 32.1% en la zona central, 31.5% en la zona occidental y 30.6% en la zona oriental.

De acuerdo con Marlon Carranza, coordinador de la investigación, estos datos permiten identificar diferentes tipos de inequidades, como la determinada por la variable territorial: “El AMSS es sin duda la región que demostró tener más ventajas que otras en el país para responder a la crisis sanitaria”.

Otro de los hallazgos relevantes es que, durante la cuarentena, 13.9% de la población se vio en la necesidad de buscar servicios de salud en un hospital nacional, en una clínica del seguro social o unidad de salud pública; el 11.3% buscó atención médica en un hospital o clínica privada. “Al diferenciar esas tendencias por sexo encontramos que la diferencia solo fue estadísticamente significativa entre los hombres y mujeres que buscaron servicios privados de salud durante la cuarentena, en donde el 9.1% de todos los hombres y el 13.6% de las mujeres reportaron haberlo buscado”, se indica en el informe del estudio.

Por otro lado, la investigación arroja algunas luces sobre la pérdida de empleo durante la emergencia. A nivel nacional, el 23% de aquellos que laboran de forma asalariada dijo que había perdido su trabajo; en la zona oriental se reporta el porcentaje más alto: 36.7%. En el AMSS, solo el 14.9% dijo haber perdido su empleo.

Por otra parte, los resultados cualitativos de la investigación evidencian de qué manera impactó en los entrevistados haber padecido un cuadro grave de covid-19, cómo se percibieron a ellos mismos en su rol de pacientes del sistema de salud salvadoreño y cómo expresan y comprenden el proceso de la enfermedad. Sobre estas narrativas y discursos, los investigadores elaborarán posteriormente una difusión especial.

Para Carranza, el estudio deja varias lecciones: “En primer lugar, reconocer que vivimos en un país de inequidades y que hay regiones y personas que por su situación económica y social están en mayor riesgo de verse afectadas negativamente en crisis sanitarias como la del covid-19. En segundo lugar, identificar a las poblaciones más vulnerables y con ello crear planes y tratamientos específicos de atención para estas poblaciones. Tercero, dejar en manos de los expertos y profesionales de la salud las decisiones más importantes sobre la crisis sanitaria. Cuarto, descentralizar lo más que se pueda la atención, de manera que las vacunas, medicamentos y pruebas de detección puedan llegar a todos los sectores del país”.