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Más de un año después de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y ante la pasividad de los distintos órganos del Estado en cuanto a legislar sobre justicia transicional y judicializar los casos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, las víctimas de la masacre ocurrida en la Universidad, a través del Idhuca, que actúa como querellante, presentaron ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador una solicitud para la reapertura del Caso Jesuitas, con el fin de reanudar el proceso judicial contra los autores intelectuales del crimen.
La solicitud fue presentada el 27 de noviembre por el P. Andreu Oliva, rector; el P. José María Tojeira, director del Idhuca; y Arnau Baulenas, abogado del Instituto. Ante los medios de comunicación, Baulenas explicó que el juicio que se busca reabrir es el que se truncó en el año 2000, cuando se sobreseyó el caso, a pesar de tratarse de un crimen de lesa humanidad. Como hace 17 años, el objetivo principal de esta acción judicial es “satisfacer dos derechos fundamentales que tienen las víctimas: el acceso a la justicia y a la verdad”, dijo el abogado.
En el escrito presentado, explicó, no se mencionan nombres, pues se está en una fase preliminar. Al reabrirse el caso, se procedería a presentar las pruebas documentales, testimoniales y periciales pertinentes, para corroborar y hacer efectiva la acción judicial contra quienes planificaron y ordenaron el asesinato de Elba y Celina Ramos y los seis jesuitas.
De acuerdo a Tojeira, están excluidos del caso los autores materiales, pues, a pesar de que fueron procesados en “una farsa de juicio”, sí “hubo verdad y, de alguna manera, justicia”; mientras que los “autores intelectuales fueron encubiertos”.
El director del Idhuca señaló que la solicitud se hace luego de varias iniciativas y llamamientos sin éxito a los diversos órganos del Estado para la creación y aprobación de una ley de justicia transicional, con la que se “facilite a todos los salvadoreños que lo deseen llevar con prontitud y agilidad al sistema judicial los casos de crímenes del pasado. Sin embargo, esa ley está muerta”.
Por su parte, Oliva aseguró que con la reapertura del caso se espera que la Fiscalía General de la República “cumpla el papel que le corresponde”, rompiendo con la pasividad que la ha caracterizado para investigar los crímenes de guerra.
