¿Tiene sentido el voto cruzado?

Un grupo de instituciones conocido como Aliados por la Democracia defiende el voto cruzado para las elecciones legislativas como un derecho constitucional de los salvadoreños, argumentando que ofrece total libertad a la hora de elegir diputados y que supondrá cambios importantes en el papel que los legisladores desempeñen en la Asamblea Legislativa. En esta línea, presentó una demanda ante la Sala de lo Constitucional para que la instancia se pronuncie sobre esta forma de sufragio y resuelva de modo que pueda implementarse en los comicios del próximo año. El voto cruzado consiste en que cada votante puede marcar en la papeleta a tantos candidatos como diputados tenga su departamento no limitándose en el ejercicio a la nómina de un solo partido político. Así, el elector puede votar por los candidatos de su preferencia independientemente del partido que los postule.

Sin embargo, es necesario preguntarse si esta libertad del elector se traduce realmente en una mejor representación en la Asamblea Legislativa, tal y como afirman los defensores del voto cruzado. Para ello, es necesario revisar cómo funcionan las cosas en la Asamblea. En nuestro sistema político, el Parlamento está organizado en grupos o bancadas, vinculados a los partidos políticos. Estas fracciones legislativas funcionan como un bloque compacto, dado que los legisladores están sometidos a la disciplina partidaria y, por ende, deben votar de acuerdo a lo que el partido y su liderazgo decidan. En este sentido, no votan de forma independiente y libre, según su conciencia o en función de los intereses de sus electores, sino en bloque. No se acostumbra, pues, que los diputados voten en contra de los lineamientos del partido al que pertenecen; y en los muy pocos casos en que ha sucedido, han sido tildados de desobedientes o traidores, y han terminado abandonado el partido o han sido expulsados del mismo.

La reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el transfuguismo, es decir, que inhibe a los diputados a cambiar de partido durante la legislatura para la que fueron elegidos y conformar fracciones legislativas distintas a las que se presentaron a la elección, deja todavía más claro el papel preponderante de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa y, a nuestro juicio, le resta valor al voto cruzado. La Sala, al determinar que un legislador viola la Constitución al cambiarse de partido, fortalece aún más el vínculo entre uno y otro, y así, alienta la disciplina partidaria. Por tanto, esta sentencia hace muy difícil que la Sala se pronuncie a favor del voto cruzado, pues ya ha definido que los diputados se deben a su partido durante toda la legislatura para la que fueron elegidos, y por tanto sus posibilidades de independencia son limitadas.

Es importante que el sistema político avance y se perfeccione democráticamente, pero las propuestas de mejora deben tener en cuenta la totalidad del sistema, no solo un aspecto. La propuesta del voto cruzado tendría sentido en un contexto donde los diputados tuvieran plena libertad de voto en los plenarios, en lugar de estar sujetos a la disciplina partidaria. Este no es el caso de El Salvador ni de muchos otros países que son reconocidos por su tradición democrática. Por nuestras dinámicas legislativas, el voto cruzado podría crear expectativas que no tienen asidero en la realidad. Tal y como está organizado el sistema político salvadoreño, no tiene mucho sentido votar por las personas sin tomar en cuenta al partido al que pertenecen, pues en la Asamblea se hace aquello que las cúpulas partidarias deciden. Distinto sería que se realizaran reformas tendientes a que cada diputado se deba principalmente a sus electores y a ellos rinda cuentas en primera instancia.

Para que el voto cruzado suponga un ejercicio de verdadera libertad al momento de elegir, se requiere primero, o de forma simultánea, reformar la ley electoral, modificando las reglas que se siguen para distribuir los votos y calcular el número de diputados que se asigna a cada partido. A la vez, se debe garantizar que los diputados puedan votar con independencia tanto en las comisiones como en el pleno legislativo, que cada representante tenga la obligación de comprometerse con su agenda política, y que esta tenga igual valor y peso que la agenda partidaria. Además, es necesario un cambio en la cultura política, para que la ciudadanía exija a los diputados que rindan cuentas de sus acciones en la Asamblea Legislativa ante toda la población a la que representan.