Devaneos del poder

El descontrol del oficialismo en estos días es llamativo. Un ministro aseguró que un periodista ofreció asilo en México a un líder de las pandillas a cambio de información sobre las negociaciones con el Gobierno (semejante protección es competencia de los Estados, no de los particulares). En contra de la evidencia disponible, uno de sus voceros más destacados negó rotundamente que hubiera habido tal negociación. Otro agregó que entrevistar pandilleros es delito. Un tercero anunció la captura de un sacerdote pandillero de la diócesis de Sonsonate y adujo como prueba un torso tatuado revestido con ornamentos sacerdotales (una creación típica de la inteligencia artificial).

El presidente de la legislatura rechazó indignado los señalamientos de que su hijo había cometido homicidio culposo. Otros colegas se sumaron a la protesta y reclamaron respeto y compostura. La cuestionable actuación de la Policía, que inexplicablemente no procesó el hecho tal como ordena el procedimiento establecido, no despejó la incertidumbre sobre la identidad del homicida. La exhibición del presunto responsable no es convincente. Tiene trazas de ser un montaje. El torpe manejo del homicidio, en lugar de aclarar lo sucedido realmente en el accidente de tráfico, da pie para sospechar de la culpabilidad del hijo del funcionario.

Reclamar por acusarlo sin pruebas es comprensible, pero es también agraviar a los miles de ciudadanos con familiares detenidos en las cárceles del régimen de excepción sin evidencia en su contra y sin poder reclamar justicia. La iracunda reacción de un padre que ve cómo acusan públicamente a su hijo sin razón está justificada. La experiencia es humillante. Pero también lo es para todos aquellos con parientes encarcelados sin pruebas.

El presidente de la legislatura y sus colegas debieran tomar nota. Los miles de ciudadanos con familiares detenidos sin justificación experimentan la misma impotencia y humillación. Pero con una diferencia importante: los funcionarios tienen voz para protestar y autoridades gubernamentales que los amparan, mientras que los demás se consumen en la exasperación y el abandono. Dado que acusar sin pruebas se ha vuelto una práctica común y aceptada, no es extraño lo ocurrido al hijo del presidente de la legislatura.

Paradójicamente, este puede presionar para suspender el régimen de excepción y así abrir la posibilidad de hacer justicia a todos los encarcelados sin pruebas. El régimen desconoce la presunción de inocencia de los acusados y además los ha despojado de su derecho a defenderse con la imposición de juicios masivos que imposibilitan individualizar la culpabilidad y la responsabilidad penal. No satisfecho, ordenó a los fiscales y jueces no comprobar los hechos, sino condenar sin más a los acusados. Todo ello en secreto. La humillación personal y familiar experimentada por este funcionario es también una oportunidad para recapacitar en la contradicción de querer para otros lo que no quiere para él y los suyos.

Al parecer, algo no va bien en las interioridades del oficialismo. Tal vez comienza a realizar que sus relatos ya no inciden como antes. Tal vez lo inquietan los primeros indicios de la reversión de la tendencia al alza de su popularidad. No es para menos cuando funcionarias como su embajadora en Washington asegura que la mayoría de la diáspora desea regresar a “el nuevo El Salvador”. Si así fuera, por qué no lo ha hecho. Evitaría vivir con miedo a ser capturada y deportada en el momento menos pensado. La diáspora solo viene de visita y solo la documentada.

Casa Presidencial debiera encomendar a alguien de su entera confianza, con liderazgo y, sobre todo, con cabeza, imponer cordura en sus filas para detener la deriva de desvarío actual. Además de impedir que sus representantes y voceros digan lo primero que se les ocurra, convendría sofrenar sus arrebatos, ambiciones y arbitrariedades. El oficialismo, en particular, la cúpula, actúa como si fuera imbatible y, por tanto, habilitada para el libertinaje.

Hasta ahora, ha contado con la complicidad institucional; en particular, de controladores, fiscales y policías. El único obstáculo que ha encontrado es el periodismo independiente y unas cuantas voces críticas, que se hacen sentir en las redes digitales. Sin embargo, ocultar la corrupción en nombre de la seguridad nacional o la privacidad de los implicados, y desacreditar o callar a los críticos son cada vez menos eficaces.

Al traspasar los límites de lo permisible e intentar evadir la responsabilidad, el oficialismo desbarra. Al intentar limpiar su imagen, más la enloda. El más perjudicado es el mismo régimen, que se desacredita a ojos vistas. La crisis demanda un cambio de rumbo radical. En la medida en que el desenfreno campee a sus anchas, el disimulo y el encubrimiento serán cuesta arriba y el descrédito avanzará. Si se actúa apegado a la ley y la ética, y conforme a los compromisos adquiridos con el pueblo, no hay razón para esconder las acciones. Si el hacer gubernamental es tan maravilloso como proclama, por qué lo oculta.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.