Legislar en el régimen de excepción

La inclusión de la diáspora en la Asamblea Legislativa ha levantado varias interrogantes sobre el alcance de dicha apertura. Una de las más importantes es qué significa legislar en el país de Bukele. En el discurso preelectoral de los líderes del oficialismo de la legislatura saliente se encuentra una respuesta “autorizada”. Su visión no deja dudas sobre qué significa ser diputado, expatriado o residente en una Asamblea de Bukele.

Uno de ellos dice representar “el poder del pueblo”. En efecto, ocupan el escaño por decisión popular, es decir, son producto de las urnas. Pero llegaron a figurar en la papeleta electoral por decisión de la familia gobernante. Ningún diputado oficialista ocupa el escaño por popularidad, formación o méritos, sino por lealtad a dicha familia. Por tanto, contrario a lo que aseguran, el poder no lo tiene el pueblo, sino los Bukele. La legislación que aprueban no la ha pedido la gente, a quien ni siquiera tienen la gentileza de atender cuando se les acerca con sus necesidades o preguntas. Solo atienden a Casa Presidencial.

Algunos visitan lo que han dado en llamar “los territorios”, pero no escuchan a sus habitantes. Llegan, saludan, hacen selfis, posan para el fotógrafo oficial y discursean desde una tarima. También reparten calendarios y otras bagatelas. A veces, hacen asistencialismo. Alivian necesidades inmediatas al mismo tiempo que explotan la precariedad de los beneficiados con sus “caridades”. Las cámaras registran diligentemente las “visitas” para difundirlas luego como muestra de identificación y cercanía.

Otro diputado desea representar a la diáspora, aun cuando reside en el país. “No porque quiera seguir en la Asamblea, sino porque tenemos más experiencia para legislar”. Experiencia significa dar clic en el botón indicado desde arriba. Según explican estos diputados, su misión consiste en aprobar “todas las iniciativas” de Bukele para fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad. Son, pues, conscientes de quién y para qué les dio el escaño.

Un tercer aspirante a la reelección dice haber sido elegido “para tomar decisiones ‘con valor’”. Valiente es, pues, quien da clic al botón de Bukele sin reparar en el ridículo ni prestar atención a las críticas, los chistes y los memes. Cobarde es quien discrepa, critica o reclama. Una curiosa interpretación machista de la actividad legislativa, que este diputado, curándose en salud, atribuye al pueblo. La gente, según él, espera “autoridades firmes” como ellos.

El oficialismo solo convierte en ley lo que Bukele propone. Admitir una moción o anteproyecto de ley que no lleve su firma es, en sí mismo, fomentar la ingobernabilidad y la inestabilidad. Por tanto, legislar en el país de Bukele no es más que puyar valientemente el botón señalado, desconociendo incluso la materia legislada. La aprobación de la redistribución de curules para abrir espacio a la diáspora es temeraria, o “valiente”, según la gramática oficialista.

Aunque circula evidencia de la manipulación de los dos últimos censos y de una ingeniosa operación matemática para recubrir de legitimidad la arbitrariedad que reduce la representación legislativa de los dos departamentos más poblados, el oficialismo, “valientemente”, se negó a dar explicaciones. De todas maneras, dos diputados adelantaron dos respuestas aventuradas. Uno dio por sentada la cuestión aduciendo que los autores de la redistribución debían tener razones de peso. Otra arguyó que la representación de los dos departamentos afectados no disminuía, porque “los diputados representan al pueblo entero”. Si fuera así, la votación debiera ser universal.

Las legislaturas de la dictadura oligárquico-militar gozaban de libertad de expresión. Escuchaban opiniones diferentes, incluso contrarias, las veces que discutieron la reforma agraria y otras reformas socioeconómicas. Es cierto que, al final, la aplanadora del partido oficial ponía las cosas en su sitio. Por eso, dictadura, pero una que no temía el debate. El oficialismo actual desprecia esa apertura como peleas desestabilizadoras entre los poderes ejecutivo y legislativo.

Frente a este panorama que juzga caótico y dominado por la compra de voluntades, ahora prevalecen la gobernabilidad —es decir, no hay libertad de expresión ni discusión— y la estabilidad —es decir, inflexibilidad e intolerancia—. Los diputados oficialistas concluyen impávidos que “a eso nos mandaron y hemos cumplido”. Cabe recordarles, sin embargo, que la corrupción de ayer no solo persiste, sino es más vasta y devastadora.

La familia gobernante necesita una mayoría legislativa indiscutible para no tener que dar razones de sus decisiones y su desempeño, de sus gastos y su endeudamiento. Si esta situación se diera, tendría que bajar a la arena pública para rendir cuentas cabales. Una posibilidad inaceptable, porque quedaría expuesta la realidad que con tanto esmero esconde. Con todo, la dictadura actual cuida las formas “democráticas” que le darían una legitimidad que, sin embargo, se le escapa de las manos.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.