Más allá de la seguridad

En 2016, la ciudadanía salvadoreña evaluó el segundo año del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén en un ambiente marcado por la desconfianza y el malestar. Según la encuesta del Iudop de aquel año, el Ejecutivo obtuvo una nota promedio de 5.32 sobre 10. Además, el 59.1% de las personas entrevistadas afirmaba que la economía había empeorado, mientras que el 57.6% consideraba que la delincuencia había aumentado. La percepción dominante era la de un país atrapado entre la violencia homicida y la precariedad de las condiciones de vida: dos caras inseparables de una misma inseguridad social.

Casi una década después, en mayo de 2025, la evaluación del sexto año del Gobierno de Nayib Bukele —en un segundo mandato marcado por su carácter inconstitucional— reveló un contraste notable. En esta ocasión, la población otorgó una calificación de 8.15 al presidente y de 7.85 al Gobierno, reflejando altos niveles de confianza en la figura presidencial. Dicho respaldo encuentra sustento en la percepción de mejora de la seguridad, directamente vinculada al combate contra las pandillas y a la reducción de homicidios.

La comparación entre ambos momentos evidencia un cambio en las principales preocupaciones de la ciudadanía, o, al menos, en la prioridad con la que las expresa. Mientras en 2016 el miedo estaba asociado a la violencia homicida y la criminalidad, en 2025 predominan las preocupaciones económicas y sociales, relacionadas al costo de la vida, la precariedad laboral y la pérdida de derechos por el régimen de excepción.

La encuesta de evaluación de gobierno de 2025 también puso en evidencia que el 64.6% de la población identificaba la economía, el desempleo y el alto costo de la vida como los principales problemas del país. En este contexto, el acceso a la vivienda emergió como el punto más débil de la gestión: un 87% de las personas afirmó que conseguir una casa resulta difícil o muy difícil. Esta percepción se confirmó y profundizó en la encuesta nacional realizada por el Iudop en diciembre de 2025.

Esto ocurre en un país marcado por crecientes preocupaciones relacionadas con diversos temas, como la accidentalidad vial, la pérdida de reservas naturales y las deportaciones masivas. Un El Salvador donde nueve de cada diez personas cerraron 2025 con la percepción de que “todo está más caro”; donde el 58.2% de los hogares redujo su consumo de carne, leche, huevos y frijoles para sortear la inflación; y donde el salario mínimo presenta una brecha de al menos $180 respecto a lo que las familias consideran necesario para sobrevivir dignamente cada mes, según una encuesta especializada del Iudop.

Este panorama no muestra señales de mejora en lo que va de 2026 y, además, se ve agravado por la presión de un contexto internacional marcado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha encarecido en un 40% el precio del petróleo y, por tanto, los precios de los combustibles y de muchos bienes esenciales. En el país, entre febrero y mayo de 2026, el precio de la gasolina especial aumentó un 25%, el de la regular un 24% y el del diésel un 28%, con un repunte crítico del 14% en abril. Este encarecimiento energético impactó en el costo de la canasta básica alimentaria, que pasó de $250.82 en enero a $256.70 en abril en el área urbana, y de $183.26 a $186.10 en la rural.

Lo anterior también se evidencia en la evolución del índice de precios al consumidor, que subió de 130.30 a 133.12 entre abril de 2025 y abril de 2026, lo que representa una variación anual de 2.16%, según el Banco Central de Reserva, que adjudica las alzas en el último mes a los incrementos en los costos de las gasolinas y los alimentos. Ello sin que haya señales de la existencia de una política pública articulada de mejora de la economía familiar o de fomento de la productividad nacional.

En definitiva, El Salvador está hoy en una situación paradójica: el bienestar asociado a la reducción de la violencia pandilleril está acompañado de otras inseguridades: financieras, alimentarias, ambientales y sociales. La encuesta nacional que el Iudop cursará este año será clave para comprender cómo evalúa la ciudadanía el costo de la seguridad frente a la fragilidad económica.