Sobre la reelección indefinida

La discusión sobre la reelección presidencial en el país se ha movido entre dos extremos: o está permitida, o está prohibida. Sin embargo, a nivel internacional existen diferentes modelos que regulan la continuidad de un presidente en su cargo, desde la prohibición absoluta, pasando por sistemas flexibles, hasta la reelección indefinida. En el caso de El Salvador, desde 1983, la Constitución permitía la reelección diferida, es decir, un expresidente podía volverse a postular, pero no de manera consecutiva. Este tipo de modelo busca evitar la concentración de poder y fomentar la alternancia democrática, favoreciendo la continuidad de proyectos políticos, no la de una persona.

No obstante, en 2021, la Corte Suprema de Justicia —nombrada para estar alineada con el Ejecutivo— ­­­emitió un fallo en el que se habilitó la reelección inmediata, pero con restricciones, tal como ocurre en Estados Unidos, donde un político puede aspirar como máximo a dos periodos presidenciales. El giro más radical ocurrió en julio de este año, cuando la Asamblea Legislativa —controlada por el partido oficial— aprobó la reforma que habilita la reelección indefinida, eliminando cualquier tipo de restricción para la permanencia en el poder. Este modelo, similar al de Venezuela y Nicaragua, permite que una misma persona se postule indefinidamente.

Este cambio se ha justificado, en parte, por la alta popularidad de Nayib Bukele, quien, tras seis años de gestión, mantiene altos niveles de aprobación ciudadana. Según la encuesta del Iudop de mayo de 2025, el Gobierno recibió una calificación promedio de 7.85; además, el 67.3% de los encuestados expresó tener mucha o alguna confianza en el mandatario. No obstante, esta popularidad no se traduce en simpatías para Nuevas Ideas. Según el sondeo del Iudop, a pesar de que el partido oficial cuenta con casi la totalidad de escaños en la Asamblea, solo el 37% de la población expresó sentirse muy o algo satisfecho con el trabajo de los diputados, y apenas un 17.4% consideraba que este órgano del Estado representa a toda la población. Además, solo un 25.5% dijo estar muy o algo satisfecho con el trabajo de los alcaldes.

Otro dato importante lo revela la encuesta preelectoral de enero de 2024: el 46.9% de quienes pensaban votar por Nuevas Ideas afirmaron que no votarían por dicho partido si el candidato no fuera Bukele. Tras las elecciones, ese porcentaje aumentó a 53.4%. Lo anterior sugiere que el partido pudo perder más de 1.4 millones de votos sin su líder. En ese escenario, dado que la población no se identificaba con otra opción política, la participación electoral podría haber disminuido del 52.6% al 29%, tan baja como la registrada en la elección de alcaldes (30.1%).

En otras palabras, Nuevas Ideas no ha logrado consolidarse como una fuerza política autónoma y con arraigo social; por el contrario, es clara su dependencia de la figura presidencial. Por ello mismo, la reelección indefinida se ha convertido en una estrategia política de supervivencia, que, junto con la reducción de diputados, la reestructuración municipal y la complicidad del Tribunal Supremo Electoral, busca mantener en el poder al partido oficial a costa de la representación política, la rendición de cuentas y el equilibrio de poder.

Estos cambios no constituyen un fenómeno nuevo en la historia del país. En 1996, la UCA advertía en su revista ECA que “el cambio continuo y repentino de las reglas electorales atenta gravemente contra su garantía y continuidad”. En ese momento se refería a las reformas políticas impulsadas por Arena para favorecerse, y que solo fueron posibles por el control que tenía en la Asamblea Legislativa. Hoy, casi tres décadas después, Nuevas Ideas repite la historia, consolidando un modelo de poder que dinamita los principios democráticos.

El oficialismo ha utilizado a la población como instrumento para legitimar estas reformas. En mayo de 2025, el 70.6% de los encuestados por el Iudop estaba de acuerdo con la posibilidad de que Bukele continuara en el poder otro período presidencial, el tercero. Sin embargo, la encuesta preelectoral de 2023 reveló que, aunque el 69.9% de la población mencionó estar de acuerdo con la participación de Bukele en la elección de 2024, un 57.4% conocía la prohibición constitucional sobre de reelección inmediata, el 46.8% consideraba muy o algo peligroso que Bukele no respetara dicha disposición y el 43.7% consideraba que Bukele no estaba respetando la Constitución al presentarse como candidato. Asimismo, 51.3% indicó que con dicha participación sería más difícil que otros funcionarios respetaran la Carta Magna.

Lejos de implicar una contradicción, estos datos reflejarían un sacrificio consciente de parte de la mayoría de la población, motivado principalmente por el temor a regresar a un contexto de inseguridad. Un temor comprensible del cual ha sabido sacar provecho el aparato de comunicación gubernamental, que ha instalado la idea de que solo Bukele puede garantizar la seguridad. Se ha sentado un precedente peligroso: todo está permitido si se cuenta con el apoyo de la población. ¿Qué pasará cuando ya no exista ese apoyo?