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Con el objetivo de conocer la visión de la Sala de lo Constitucional sobre lo que se ha denominado "crisis entre los tres poderes del Estado", la tarde del jueves 7 de julio se realizó la Cátedra de Realidad Nacional "Alcances y límites de la Sala de lo Constitucional". En ella participaron como ponentes cuatro de los cinco magistrados de la Sala: Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Belarmino Jaime, quien también funge como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Néstor Castaneda, el quinto miembro de la instancia, se excusó de no asistir a la actividad por tener otros compromisos.
El conflicto interinstitucional inició a principios de junio pasado, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 743, que impone la unanimidad de los votos en la Sala de lo Constitucional para emitir sentencias de inconstitucionalidad. El presidente Mauricio Funes sancionó aceleradamente la disposición del Congreso y ordenó su publicación inmediata en el Diario Oficial.
Para Andreu Oliva, rector de la UCA y a cargo de las palabras de apertura en la Cátedra, la polémica surge debido a que el Ejecutivo y el Legislativo se están inmiscuyendo en el trabajo del órgano judicial. "Han irrespetado el orden institucional y la independencia de los poderes", dijo.
De hecho, para el sacerdote, el sistema político salvadoreño está organizado para que tal independencia no exista, pues la misma Sala de lo Constitucional puede ser elegida y destituida por la Asamblea Legislativa, que además elige al organismo (Consejo Nacional de la Judicatura) responsable de nombrar a los candidatos a integrar la CSJ.
"Por sus sentencias, por su independencia, por su actitud de trabajo y por poner orden en la Corte Suprema de Justicia, [los magistrados de la Sala de lo Constitucional] han sido sometidos a muchas críticas". Y si se analiza ese rechazo, se puede concluir, según Oliva, que obedece a las sentencias que sobre materia electoral ha emitido la Sala; sentencias que abonan a una reconstrucción del sistema político-electoral para la que los partidos no están preparados ni en disposición de apoyar.
Concluidas las palabras del Rector, llegó el turno de los magistrados. Belarmino Jaime inició su ponencia aclarando que para él no es un conflicto la situación que se está viviendo, sino que es más una "diferencia de opiniones". A pesar de eso, acepta que él y sus compañeros de Sala han recibido amenazas de todo tipo. No obstante, con tranquilidad y seguridad, sostiene su postura: "Esas amenazas no nos asustan. Vamos a continuar en la misma situación y con la misma actitud que hemos tenido desde el primer día que tomamos nuestras magistraturas".
Ese primer día fue el 16 de julio de 2009, cuando el Parlamento los juramentó como servidores públicos. Jaime recordó que tras el acto se comprometieron ante los medios de comunicación a no obedecer a ningún sector de poder, pues las decisiones deben ser "independientes judicialmente" para que en verdad funcione el sistema de pesos y contrapesos.
El Presidente de la Corte aclaró que si bien la Constitución no prohíbe la colaboración entre los poderes del Estado, tampoco permite la intromisión "descarada" en las cuestiones internas de otro órgano, como está sucediendo en este momento. Y a continuación pasó a desmentir algunas de las "falacias" que se están divulgando desde los medios de comunicación y el poder político, como que Castaneda es marginado por los demás integrantes de la Sala. "Él está presente en todas las discusiones, pero en temas electorales decide no involucrarse y abstenerse del voto", aclaró Jaime.
Asimismo, negó categóricamente que se haya realizado una reunión entre los magistrados y el jefe del partido Arena para alcanzar acuerdos sobre futuras sentencias, como lo sugirió Funes en un comunicado público. Esto derivó en la aclaración de que la Sala no maneja una agenda política: "Los casos que resolvemos no los elegimos nosotros, los eligen los ciudadanos al presentar denuncias".
Rodolfo González, en su intervención, expresó que los tribunales constitucionales suelen tildarse de incómodos, pues constantemente anulan leyes que violan derechos de los ciudadanos, y esto los convierte en "una piedra en el zapato del poder legislativo o ejecutivo". Eso, de acuerdo al magistrado, no sería problema si se tuviera verdadera conciencia de que todos los órganos del Estado son limitados, tienen atribuciones y competencias determinadas por las leyes, y no existe jerarquía entre ellos.
Por su parte, Sidney Blanco dedicó su exposición a mencionar una parte de las sentencias que se han dictado desde la Sala, con el fin de demostrar que aquellas que han incomodado a la Asamblea, al Ejecutivo y a los partidos políticos constituyen solo una muy pequeña fracción del trabajo realizado por los magistrados.
Finalmente, Florentín Meléndez, con gran entusiasmo, afirmó que el proceso que se está viviendo ayudará a generar dinámicas de participación en la política. "Eso hará que salgamos victoriosos como pueblo (...), porque saldrá fortalecida la Constitución". En ese sentido, la tensión imperante no habría alterado los planes de trabajo de la instancia: "La meta que tenemos es poner al día la Sala [superar la mora judicial] y cumplir con la justicia que se nos reclama".
El espacio de las ponencias cerró con un nutrido aplauso del público, luego de que Meléndez hiciera suyo el calificativo con el que la prensa nacional los ha etiquetado: "Rebeldes, pero ante la injusticia, la impunidad, la corrupción judicial y la violación a la Constitución (...) Seguiremos siendo rebeldes hasta el último día".
