Ante las pandillas, prevención y rehabilitación

Más de 300 reformas a los códigos Penal y Procesal Penal, implementación de la Ley Antimaras, de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura... todas estrategias gubernamentales que, de acuerdo a la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), han fracasado por su forma simplista y represiva de abordar el problema de las pandillas. 

En conferencia de prensa realizada el 11 de abril, en la Sala del Consejo Universitario de la UCA, voceros de la CCPVJ expresaron su preocupación por la forma en que las autoridades salvadoreñas y de la región perciben el fenómeno de las maras. Y es que, del 8 al 10 de abril, en nuestro país se llevó a cabo la IV Convención Antipandillas, que reunió a más de 200 delegados de Centroamérica, Estados Unidos y México. En la Convención se enfatizó en que la clave para erradicar a las pandillas está en el intercambio de información entre las autoridades, y en la modificación de leyes que permitan a los cuerpos policiales actuar con más eficacia.

Para Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) y miembro de la CCPVJ, en ese tipo de eventos "sigue predominando una visión represiva, en la que la coacción y la represión es el componente fundamental para el combate y atención de este fenómeno". Según Aguilar, se cae en un análisis "simplista y reduccionista del fenómeno, desestimando toda la complejidad que está en su base", cuando se asume que todas las pandillas son expresión del crimen organizado transnacional y que, por lo tanto, para erradicarlas se debe regionalizar su combate.

Esa falta de profundización en el problema de las pandillas es la que ha llevado a las autoridades a tomar medidas que no solucionan el problema de raíz y que, por el contrario, están propiciando situaciones de abuso de poder, represión y violaciones a los derechos humanos. "En lugar de diluir el fenómeno, han logrado aumentar la violencia. Que (ahora) digan que las maras incursionan en actos delictivos más lucrativos es el reconocimiento del fracaso de sus políticas", apuntó Benjamín Cuéllar, director del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

Por esto, Elin Ranum, directora de la CCPVJ, enfatizó que cualquier tipo de estrategia que se implemente para combatir a las pandillas debe ser un conjunto de "planes de seguridad que (...) prioricen la prevención y la rehabilitación".

De acuerdo al padre Antonio Rodríguez, director del Centro de Formación y Orientación "Padre Rafael Palacios" (CFO), las políticas represivas que actualmente se están implementando en las zonas más pobres obstaculizan la rehabilitación de los jóvenes que quieren abandonar las pandillas. "No podemos trabajar en las comunidades; están totalmente desarticulados nuestros programas de prevención debido a la situación y a la manera de operar de la Policía Nacional Civil en muchas de las comunidades. (Los jóvenes) piden venir a dormir a mi casa por miedo a que se los lleven desde la arbitrariedad, desde el simplismo y desde la corrupción con que (la PNC) opera".

En este contexto, Jeannette Aguilar considera que encuentros como la Convención Antipandillas "no aportan nada nuevo, más bien son parte de una estrategia para legitimar una visión autoritaria y represiva de los Estados". Para el padre Rodríguez, es necesario conocer lo que le sucede a los jóvenes en los barrios más pobres de nuestro país para luego proponer alternativas. "Todas esas gentes de las cumbres antipandillas necesitarían vivir en la Finca Argentina, en Buena Vista, vivir en las comunidades de Mejicanos, en una chabola de 30 metros cuadrados, sin ningún recurso, con esa violencia ejercida por el Estado; y después que hablen, y que después hagan cumbres y que después digan qué es lo que está pasando en las comunidades (...) Los jóvenes son violentados, y lo único que les ha enseñado este país ha sido violencia", apuntó.

La Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil es una iniciativa intersectorial e interdisciplinaria de ámbito público y privado que dedica su trabajo a promover la rehabilitación y la inserción de los jóvenes en situación de violencia; el IDHUCA y el IUDOP forman parte de esta coalición.