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Con el propósito de articular esfuerzos para promover el sufragio residencial y la aprobación de una legislación que regule a los partidos políticos, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) y el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), realizó, el 28 de enero en el auditorio del ICAS, el foro "El voto residencial y la ley de partidos políticos: una deuda política para 2012".
En la actividad, Leslie Schuld, directora del CIS, explicó que, desde las organizaciones sociales, el voto residencial y la ley de partidos son entendidos como mecanismos necesarios para garantizar el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Pues contribuyen a descentralizar el sistema: "El poder político no puede reservarse únicamente para los partidos".
Y es que en el país, tal y como lo establece la Constitución de la República, el principal derecho político de los ciudadanos gira en torno al ejercicio del sufragio, que es considerado como la única vía directa que tienen los salvadoreños para influir en el ámbito político. Considerando esta importancia del derecho al voto, Gerardo Alegría, procurador adjunto de Derechos Humanos, dijo que es necesario que el Estado garantice que "todas aquellas personas que tengan derecho a votar puedan hacerlo", sin importar el lugar donde vivan, su posición económica o la clase social a la que pertenezcan.
En este sentido, crear un padrón electoral para el voto residencial y ubicar los centros de votación cerca de donde habitan los ciudadanos permitiría solucionar problemas como el hacinamiento en las juntas receptoras de votos (JRV), la manipulación del padrón electoral y el abstencionismo.
Jeannette Aguilar, directora del IUDOP, confirmó estas y otras ventajas con base en los resultados obtenidos de la Observación Electoral 2009, en la cual se comparó la experiencia de votación registrada a nivel nacional con lo sucedido en el departamento de Cuscatlán, en cuyos municipios el TSE implementó el voto residencial.
Los resultados muestran que las irregularidades registradas durante la jornada electoral fueron menores en Cuscatlán que a nivel nacional. Por ejemplo, se observó violación a la secretividad del voto en el 6.3% de las JRV de ese departamento, contra un 13.0% a nivel nacional; vigilantes de partidos políticos influenciando en votantes: 3.2% frente a 5.9%; y detección de documentos únicos de identidad falsos: 0% contra 3.6% de las JRV.
Eugenio Chicas, magistrado presidente del TSE, reconoció que ha habido muchas "resistencias" para la aplicación del voto residencial y que "hay una parte de los partidos políticos que han venido bloqueando este proceso... la derecha de este país".
En contrapunto a estas dificultades ideológico-partidarias, el Tribunal ha iniciado una nueva etapa en el esfuerzo por acercar las urnas a los votantes. "Estamos en el plan C, que consiste en la actualización de las direcciones a través de la renovación del DUI. Por esto, la solicitud de presentar recibo de la energía eléctrica". Con la medida, se busca determinar la zona de residencia de cada ciudadano, para luego ubicarlo en el padrón y centro de votación más cercano a su vivienda.
El mismo panorama de obstáculos y atrasos se ha tenido con el reglamento para los partidos políticos. Para Félix Ulloa, presidente del IEJES, llenar el vacío legal que existe a la hora de regular a los partidos políticos no es solamente un reto, sino "una mora en nuestra incipiente democracia" que debe ser saldada con una ley que "permita a nuestro sistema cerrar algunos de los grandes hoyos: gastos excesivos en propaganda, garantizar la relación cuotas de poder y equidad de género, entre otros". Además, cuestionó la falta de credibilidad que ostentan los partidos políticos: "Necesitamos a los partidos, pero no a estos que han perdido la confianza social".
