En defensa del agua como derecho humano

En 2012, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de la Ley General de Aguas, para dar un marco jurídico a la protección y administración del recurso hídrico en El Salvador. Dos años después, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático no ha terminado la revisión y aprobación de la Ley. Hasta mayo de 2013, se habían revisado 90 de los 168 artículos del documento.

Sin embargo, el 7 de octubre, los diputados Vicente Menjívar y Ana Marina Castro, de Arena; Ciro Zepeda, del PCN; Rodrigo Samayoa, independiente; y Adelmo Rivas, de Unidos por El Salvador, votaron para que la Ley permita crear un ente regulador que esté controlado por cinco gremiales de la empresa privada y dos instancias estatales.

Ante esto, Cáritas de El Salvador, el Servicio Jesuita para el Desarrollo, el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), las Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, Catholic Relief Services, el Enlace de las Asociaciones de Consumidores de El Salvador y la UCA denunciaron, el 13 de octubre en una conferencia de prensa, que al dejar el destino del recurso hídrico en manos de la empresa privada, se pone en riesgo el derecho humano al agua.

Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social, dijo que “el peligro que se nos abre es que el agua se convierta en una mercancía, en un bien privado”. Si bien es necesario que haya una autoridad rectora del agua, los representantes de las organizaciones señalaron que esta debe tener carácter público y garantizar espacios para la participación ciudadana en el ámbito nacional y territorial.

En este orden, exigieron a los diputados revertir la aprobación del artículo cuestionado. Y expresaron la urgencia de ratificar la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación, así como la aprobación de las normativas respectivas que prioricen el bienestar social sobre el interés particular.