Por una ley contra la minería metálica

En 2010, el Programa de Medioambiente de las Naciones Unidas clasificó a El Salvador como la segunda nación con mayor deterioro ambiental en América, después de Haití. En 2011, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que el país se acerca a una situación de estrés hídrico. En este contexto, la minería metálica constituye una grave amenaza al desarrollo sostenible y al bienestar de la ciudadanía; por un lado, podría empeorar la contaminación de los mantos acuíferos y, por otro, el agua no sería suficiente para satisfacer la demanda para el consumo humano.

El 6 de febrero, la Iglesia católica y la UCA presentaron a la Asamblea Legislativa el anteproyecto Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador. La pieza de correspondencia está firmada por monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo metropolitano de San Salvador; monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador y presidente de Caritas de El Salvador; Andreu Oliva, rector de la UCA; y José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).

La Ley tiene por objeto preservar para las generaciones actuales y futuras la riqueza natural del país, incluyendo aguas, bosques, biodiversidad y potencial para el desarrollo de actividades productivas social y ambientalmente sustentables. Asimismo, plantea la prohibición definitiva de cualquier acción de exploración, extracción y explotación de yacimientos de minerales metálicos.

Andrés McKinley, especialista en agua y minería del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), afirma que la iniciativa parte de la lucha de las organizaciones y personas que desde hace años se oponen a la nociva industria. A su juicio, “las empresas mineras plantean múltiples argumentos en su esfuerzo de ganar mentes y corazones para convencer sobre los beneficios de la exploración y extracción de oro y plata”; entre ellos, que “la minería metálica de hoy aplica una tecnología nueva para proteger los mantos acuíferos, que crea empleo en las comunidades locales y que genera ingresos para el Estado e incentiva el desarrollo sostenible”. En esa línea, la industria utiliza las expresiones “minería verde”, “minería moderna” y “minería responsable”.

Ante esto, McKinley señala la urgencia de exigirle a la Asamblea que legisle responsablemente sobre la minería. “Actualmente, es la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía la entidad que está a cargo, pues la ley actual concibe a la minería como una actividad económica positiva para el desarrollo”. Por ello, en la propuesta “se demanda que sea el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales la autoridad competente de regular todo lo relacionado a la minería”.

En la lucha por la aprobación de la Ley, el 9 de marzo se llevó a cabo una marcha contra la minería metálica. Decenas de personas provenientes de parroquias urbanas y rurales, campesinos y miembros de organizaciones desfilaron en las calles para exigirles a los diputados la aprobación de un marco legal que proteja al país de la exploración y explotación minera, y de sus graves consecuencias en el medioambiente. La actividad fue organizada por el Arzobispado de San Salvador, Cáritas El Salvador, el Comité Eclesial por el Cuido del Medioambiente y la UCA.