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El 29 de mayo, la Compañía de Jesús y la UCA, víctimas de la masacre que cobró la vida de Elba y Celina Ramos y de seis jesuitas el 16 de noviembre de 1989, presentaron ante la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública una solicitud de conmutación de pena a favor de Guillermo Benavides, sentenciado a 30 años de prisión por su participación en el crimen.
El P. Andreu Oliva, rector, explicó ante los medios de comunicación que la petición obedece a que en el caso de Benavides “se ha cumplido el proceso de verdad, justicia y reparación, y, por tanto, corresponde a la comunidad jesuita y a la UCA otorgar el perdón”.
De acuerdo al P. José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), este tipo de “perdón legal” solo lo pueden otorgar las víctimas cuando hay indicios de arrepentimiento, o por razones humanitarias, o de justicia. “Nos consta, de manera indirecta, su arrepentimiento y reconocimiento del error; y nos consta también que los autores intelectuales quedaron libres”, afirmó Tojeira.
Por lo anterior, Oliva aclaró que la acción a favor de Benavides no implica renunciar al derecho a la verdad y la justicia: “Queremos conocer qué fue lo que pasó y quiénes fueron los autores intelectuales de la masacre en la UCA. Solicitar la conmutación de la pena para el coronel Benavides no significa ninguna renuncia respecto al proceso del resto de los involucrados”.
Según el Director del Idhuca, no se continuará el proceso judicial y penal contra los autores materiales del crimen, es decir, los soldados que participaron en los asesinatos. Pues aunque el juicio de 1991 tuvo varios fallos, “hubo al menos una verdad judicial” y se conoció que “la principal responsabilidad está en los altos mandos”. En esta línea, desde la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el Idhuca se encuentra trabajando para reabrir el caso y llevar a juicio a los sospechosos de idear y planificar la masacre.
Oliva indicó que si se lograra elaborar y aprobar una ley de justicia transicional, habría la disposición de apegarse a ella siempre y cuando la normativa cumpliera con los parámetros internacionales y garantizara el respeto a los derechos humanos. Pero aclaró que esta legislación no debe sustituir al proceso penal, pues este último es necesario para que haya justicia y se conozca la verdad.
