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El 20 de marzo de 2013, en el marco del Festival Verdad y del 20.° aniversario de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y de la promulgación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la referida ley. El pasado 13 de julio, tres años después de la presentación del recurso, la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la normativa.
En la sentencia se declara la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley, el cual, durante todos estos años, obstaculizó la búsqueda de verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas. Asimismo, la Ley generó una arbitraria y perpetua impunidad, favoreciendo de forma amplia y absoluta a los autores intelectuales y materiales de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado.
Con esta sentencia, la Sala de lo Constitucional confirma lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de la masacre en El Mozote: “La sanción de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz contravino expresamente lo que las propias partes del conflicto armado habían establecido en el Acuerdo de Paz que dispuso el cese de las hostilidades”.
Es importante recalcar que en ningún momento las víctimas buscan venganza o beneficio económico, sino el cumplimiento del derecho que todo salvadoreño y salvadoreña tiene a la verdad, a la justicia y a la reparación, de acuerdo a la Constitución de la República (Art. 1) y a los tratados internacionales de derechos humanos.
Es por ello que le exigimos al Fiscal General de la República que cumpla con la sentencia de la Sala y con su mandato constitucional investigando los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad, así como también los presentados por el Idhuca ante la Fiscalía (más de 66 desde 2010) y por otras organizaciones y víctimas que presentan características similares.
Instamos a la Asamblea Legislativa a no crear otra ley en la que nuevamente se olvide a las víctimas y se les violenten sus derechos. Exigimos que la Asamblea cumpla con lo establecido en la sentencia, regulando los medios para garantizar el acceso a la información pública sobre los hechos del pasado y las circunstancias de los mismos. Asimismo, exigimos que disponga de los recursos adecuados para responder a las legítimas pretensiones de las víctimas y establezca las medidas de reparación integral que fueren necesarias para garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación, así como las medidas de no repetición de acuerdo a los estándares de la justicia transicional.
Todo lo anterior es necesario en aras a conseguir la verdad, la justicia y la reparación que las víctimas tanto anhelan, para empezar a forjar una real y verdadera reconciliación que nos permitirá avanzar y crear juntos un futuro incluyente y digno.
San Salvador, 29 de julio de 2016
