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Es indudable que la transparencia en el uso de los fondos públicos es fundamental en sociedades democráticas. Las funcionarias y los funcionarios deben rendir cuentas de qué hacen con el presupuesto que se pone a su disposición, porque el dinero no es suyo ni pueden utilizarlo como si lo fuera. Sin embargo, hasta el momento, eso no ha pasado en El Salvador. Por el contrario, existe recelo cuando alguien solicita información sobre el uso del Presupuesto. No es extraño, además, que estos datos sean inaccesibles incluso para la prensa, pese a la mayor capacidad de influencia que los medios tienen respecto a un ciudadano o una ciudadana.
Por ese manejo oscuro de los recursos nacionales se han dado sonados casos de corrupción. Ahí está Carlos Perla y su desfalco en ANDA, o el bulevar Diego de Holguín y el Hospital de Maternidad para los que se tenido que volver a gestionar fondos.
El recelo con que se guarda la información gubernamental también ha hecho que algunos reporteros reciban amenazas cuando cuestionan, por ejemplo, que no se informe cómo se gasta el presupuesto publicitario de Casa Presidencial. El periódico digital El Faro ha insistido en contar con esta información, pero ni esta ni la anterior administración han querido decirles cuánto se invierte en una propaganda que la población percibe como excesiva.
A finales del año pasado se publicó que el ex presidente Saca gastó cerca de 219 millones de dólares sin justificarlos debidamente. Esto hizo que incluso el presidente de Arena, Alfredo Cristiani, pidiera que se investigara cómo se había utilizado este dinero; pero el presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, avaló los gastos y dijo que el mecanismo que permitió que esto ocurriera era legal. Se refería Contreras a que todo ahorro de cualquier ministerio o institución del Órgano Ejecutivo pasa a una partida presupuestaria manejada por el Presidente de la República, quien utiliza estos fondos sin necesidad de requerir la aprobación de la Asamblea Legislativa. Ahora, la Corte Suprema de Justicia estudia si este mecanismo es constitucional o no.
Por todos los casos de corrupción y de malos manejos que se han conocido desde la firma de los Acuerdos de Paz, y por el consecuente desprestigio que ello ocasiona a las instituciones del Gobierno y sus funcionarios, es perentorio que todos los recursos sean manejados con transparencia y que se afiance la costumbre de rendir cuentas.
Lograrlo no sólo pasa porque se declaren inconstitucionales los artículos 2 y 6 de la ley del Presupuesto, que permite ese manejo discrecional de los fondos del Estado por parte del Presidente, también porque se apruebe finalmente la ley de acceso a la información pública. Con ambas acciones se darían los primeros pasos para poner fin a los manejos oscuros en la administración pública.
