Nos encontramos en un nuevo ciclo electoral para elegir representaciones legislativas y gobiernos municipales. Otra vez se llena el ambiente de propaganda política, promesas, debates, confrontación (con peligro de agresión), riñas partidarias y los repetidos acuerdos entre las cúpulas para realizar una campaña electoral "de altura". Otra vez el mismo escenario y los mismos protagonistas y antagonistas. Quizás también es reiterativa la pregunta de fondo que suele hacerse desde la perspectiva del electorado: ¿elecciones para qué? No obstante, no por reiterativa deja de ser fundamental a la hora de enfrentar con cierta responsabilidad el rol que las elecciones puedan tener para enfrentar los principales problemas del país y para el fortalecimiento del sistema democrático.
Como se sabe, una de las características que definen a la democracia es la celebración de elecciones libres e imparciales que fortalezcan el derecho a la participación política. Pero de inmediato hay que aclarar que la participación ciudadana en los eventos electorales depende, en buena medida, no solo de la posibilidad de garantizar unos comicios transparentes y plurales, sino también de la eficacia que tengan los funcionarios públicos elegidos para resolver las principales demandas de la ciudadanía. Las elecciones en sí mismas pueden tener un valor formal de corta duración, pero lo que les da legitimidad y confianza ante el electorado es la profundidad de las propuestas de los candidatos y la voluntad de llevarlas a la práctica una vez ganada la contienda.
La más reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), en torno a lo que opinan los salvadoreños y salvadoreñas sobre las elecciones de 2012, da cuenta que solamente una tercera parte de la población (34.1%) se muestra algo o muy interesada en la actual campaña electoral. El restante 65.9% de los ciudadanos declara estar poco o nada interesado en la misma. Además del poco interés en la contienda, dos terceras partes de los consultados (61.4%) expresan tener poca o ninguna confianza en el próximo proceso electoral. No obstante, el 73.5% declaró que piensa ir a votar en las próximas elecciones.
¿Cómo se explica que, por un lado, se expresa desconfianza y desencanto ante las próximas elecciones y, por otro, la mayoría afirma que piensa ir a votar? La desconfianza es una consecuencia de lo que hemos señalado: la incapacidad de la clase política de resolver las demandas ciudadanas. Y la decisión mayoritaria de ir a votar puede responder a una cultura que enfatiza el voto como un deber o al hecho de que cuando se eligen gobiernos municipales el interés del electorado es mayor, porque estos pueden incidir de manera más directa en la solución eficaz de la problemática local. Así, toma mayor relevancia el criterio de la gestión eficaz para premiar o castigar el desempeño de alcaldes y alcaldesas.
De ahí que en la dinámica electoral es importante que los electores tomen en cuenta los siguientes aspectos: la visión de país que tiene cada partido, así como sus plataformas legislativas o municipales; cómo están presentes las problemáticas y expectativas de las mayorías en esas plataformas o programas; saber si han sido discutidas con sus bases o si solo son producto de las elites partidarias; si se contempla, en dichas plataformas, la participación ciudadana a través de sus redes u organismos en su implementación, control y rendición de cuentas. También es necesario saber quiénes son los candidatos y candidatas que representan el programa: qué trayectoria tienen, qué tipo de formación, qué clase de experiencia, qué vínculos han establecido con el pueblo, qué tipo de causas defienden.
Dicho de forma más concreta, es necesario que en el caso de las elecciones para diputados los votantes conozcan cómo se piensa legislar considerando al menos los dos principales problemas que tienen la mayorías del país: la inseguridad y la crisis económica. Dos problemas de larga data que no han sido resueltos por el poder político, que en cada evento electoral legislativo promete leyes que favorecerán el empleo, oportunidades de desarrollo, apoyo a la población pobre, acceso a la vivienda, combate a la delincuencia y al crimen organizado, mejores instituciones de seguridad pública, políticas de prevención de la violencia, etc. En la medida en que estas promesas sean cumplidas, cobrarán legitimidad los eventos electorales y el sistema democrático, tendrá sentido ir a votar. Pero si ello no sucede, vendrá de nuevo el desencanto, la frustración, la desconfianza hacia un sistema político ineficaz para resolver los problemas que más aquejan a los ciudadanos.
¿Elecciones para qué? Para saber elegir y no simplemente votar; para participar en las decisiones que afectan a la sociedad considerada como un todo; para confirmar o retirar el apoyo electoral a los partidos y candidatos, según el criterio de respuesta eficaz a las legítimas expectativas y necesidades de la ciudadanía; para exigir que los partidos tomen en serio la democratización de sus estructuras y procedimientos; para dotar al sistema de mecanismos jurídicos que eviten las tentaciones de abuso y dominio que habitan en todo poder; para profundizar los instrumentos de control del elector sobre el elegido de modo que se favorezca su actuación responsable y su elección por criterios de capacidad y de servicio a la colectividad; para promover ciertos mecanismos de democracia directa complementarios de los de la democracia representativa; para recuperar la política como vocación con el fin de devolver la credibilidad a las instituciones y a sus representantes; para aprovechar el potencial participativo de las administraciones locales como ámbitos más próximos al ciudadano. En definitiva, las elecciones pueden cobrar un carácter sustancial en la medida en que haya una concordancia entre la voluntad popular expresada en las elecciones y las decisiones de gobierno que se tomen para responder a esa soberanía popular. A los elegidos no se les da un cheque en blanco, sino una responsabilidad: responder con eficacia técnica y actitud ética a las problemáticas y necesidades más apremiantes de la población.