¿Inocente? Nomás de nombre

Ayer, jueves 22 de agosto, se cumplieron 31 años de la terrible masacre en El Calabozo (San Vicente), una de las peores atrocidades cometidas durante la guerra. Las víctimas sobrevivientes del hecho siguen luchando por conocer la verdad, recibir la debida justicia y ser reparadas como corresponde. Y también ayer, coincidentemente, estuvo sentado en el banquillo de los acusados uno de los oficiales salvadoreños responsables de la matanza en la UCA, la madrugada del 16 de noviembre de 1989. En una corte federal de Boston, el juez Douglas Woodlock inició la audiencia que culminará, probablemente, el lunes 26 con la lectura de la sentencia, mediante la cual se sabrá cuánto tiempo estará en prisión Inocente Orlando Montano.

Este hombre está acusado de fraude migratorio y perjurio, por lo cual la representación fiscal pide que le impongan una pena acorde al tipo de delitos cometidos. Hay quienes piensan que serán dos años tras las rejas; otros, que más de cuatro. El caso es que, mientras esté en esa condición, habrá tiempo para entrarle de lleno a lograr algo fundamental en la lucha contra la impunidad en nuestro país: su extradición para que esté de nuevo ante otro juez, solo que de la Audiencia Nacional de España.

Para quien no lo conoce o no haya oído nada de él, Montano fue coronel de la Fuerza Armada de El Salvador e integrante de la promoción que egresó de la Escuela Militar en 1966, más conocida como "La Tandona". Del 1 de junio de 1989 hasta el final de la guerra, desempeñó el cargo de viceministro de Seguridad Pública. Pese a los intentos por defender lo indefendible, su inocencia nadie la cree. Solo la alegan quienes fueron cómplices de sus fechorías y lo acuerpan en el trance que se encuentra a raíz de haberle mentido a la autoridad migratoria estadounidense las veces que tramitó su estatus de protección temporal (TPS) en aquel país. Seguro no fue por vergüenza y menos por arrepentimiento, pero reiteradamente negó haber pertenecido a la institución castrense.

De los delitos que le imputan allá y por los que deberá pernoctar en una cárcel durante una buena temporada, Montano aceptó que no era inocente el 11 de septiembre del año pasado. Lo que no admite aún es su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que le adjudican tanto la Comisión de la Verdad como la experta estadounidense que ha intervenido en el proceso migratorio que está por finalizar. Terry Karl es quien señala la participación determinante de Montano en numerosas ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas de incluso niños y niñas, detenciones ilegales y torturas. La Comisión de la Verdad lo acusa por su intervención en la masacre en la UCA. La mayor parte de la información presentada ante la corte estadounidense es producto del valioso y valiente trabajo hecho antes, durante y después de la guerra por organizaciones de la sociedad salvadoreña.

Ante el planteamiento de la señora Karl, hay quien salió indignado en defensa de Montano. Se trata de Mauricio Ernesto Vargas, compañero de armas y también parte de La Tandona. Vargas firmó el 10 de febrero de este año —ante un notario— una declaración a favor de Montano que envió a la corte federal estadounidense. Ayer, Vargas estuvo presente en la audiencia para ratificar su escrito, que concluye diciendo que Montano "ha sido un profesional con una trayectoria exitosa y con una conducta intachable"; que es "un ejemplo para las futuras generaciones de oficiales de la Fuerza Armada"; que "nunca tuvo participación directa ni indirecta en la muerte de los jesuitas de la UCA"; que esa masacre "es un caso juzgado y prescrito de conformidad con las leyes salvadoreñas".

Además, Vargas sostiene en defensa de Montano que la amnistía "es ley vigente de la República y acoge a todos los participantes de ambos bandos que pudieran tener señalamientos o presuntos delitos derivados del conflicto armado"; que sus "valores espirituales, alimentados por su relación con sacerdotes católicos [...], lo llevaron a conducir sus tropas por el camino del bien"; que "protegió de ataques terroristas a campesinos, productores agrícolas, pescadores, empresarios y civiles"; que garantizó "a través de la conducción de sus tropas, la vida y las actividades productivas y de subsistencia económica del país"; que sus treinta años en la milicia "están llenos de episodios de labor humanitaria y actividad altruista".

Según Vargas, Montano es casi el primer santo salvadoreño en subir a los altares o un prócer de la patria mancillada por el demonio comunista. Para sellar con broche de oro, además es inocente no solo porque así lo bautizaron sus padres, sino también porque Vargas lo exculpa de cualquier falta o delito, por el cual lo acusan "sectores que se oponen a la democratización del país y que buscan en el desprestigio de sus oponentes el logro de sus oscuros intereses". Esas fuerzas "decimonónicas" y hasta "demoníacas" no saben o no reconocen lo que Vargas asegura textualmente: su camarada "no es un perseguido de la justicia; no tiene un pasado criminal, no tiene cuentas pendientes con la justicia salvadoreña y no es requerido por la Policía. No hay denuncias en los juzgados salvadoreños que lo involucren en violaciones de los derechos humanos".

Semejantes afirmaciones son parte de la conclusión final de la defensa de Montano por parte de Vargas. Hay mucho que refutar en el escrito, pero basta con lo siguiente para mostrar de qué lado está la verdad. Montano no es perseguido por la justicia salvadoreña porque esta no existe; porque el sistema salvadoreño no ha sido capaz de cambiar y, por tanto, sigue protegiendo a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Pero Montano sí tiene cuentas pendientes con la justicia universal y por eso es inminente su extradición a España. De lograrse su condena, se estará también condenando al resto de militares que han sido denunciados en la Audiencia Nacional española por la masacre en la UCA.

Tampoco es requerido por la Policía, porque no reside acá. Y aunque hubiese estado en el país en agosto de 2011, se habría escondido con el resto de sus compinches: en el antiguo cuartel central de la desaparecida Guardia Nacional, donde les dieron refugio las altas autoridades militares del actual Gobierno, según el coronel René Roberto López Morales. "Yo era el comandante de esa brigada en ese momento y obedecía instrucciones del mando superior", declaró a un medio de comunicación el ahora rutilante asesor en materia de seguridad pública de la fórmula presidencial efemelenista.

Como dicen que "entre bomberos no se patean la manguera", resulta evidente que también entre militares no se escupen las botas. Por eso Vargas insinúa que la amnistía "acoge" a su compañero de armas. Pero a Montano, a otros cinco oficiales de alto rango y a Alfredo Cristiani (comandante general de la Fuerza Armada cuando ocurrió la masacre en la UCA) la amnistía les fue negada. El 12 de diciembre de 2000, la jueza tercera de Paz de San Salvador, Ana América Lorena Rodríguez Avelar, decidió eso.

Pero más allá de Montano, Vargas y todos los que se empeñan en esconder la verdad bajo la alfombra de la mentira oficial, la audiencia en Boston, que culminará con el conocimiento de los años que permanecerá "guardado" el exmilitar, es un clavo más en el ataúd de la impunidad en El Salvador. El otro que la lucha de las víctimas sobrevivientes y valientes está por clavar es la probable extradición a España de quien —está demostrado— solo es inocente de nombre.