72 más

Los salvadoreños que salen hacia Estados Unidos u otros destinos lo hacen porque enfrentan dificultades económicas y sociales en el país. Eso se ha dicho y denunciado infinidad de veces, y sigue siendo una dolorosa verdad. La falta de empleo y de oportunidades para vivir dignamente, la exclusión social y la misma violencia obligan a cientos de compatriotas a cruzar las fronteras que los separan del norte.

Es también una verdad que ese éxodo, esa migración salvadoreña y centroamericana, se ha convertido en negocio para muchas de las bandas criminales que operan en México. El narcotráfico también ha puesto sus ojos en este flujo de personas y pretende aprovecharlo.

El problema es que a la vulnerabilidad de la población migrante se agregan las debilidades institucionales de México. Ni las policías estatales ni la federal han podido frenar al crimen organizado. Los delincuentes incluso se infiltran en estas estructuras o las corrompen con sobornos para que les permitan operar en las zonas bajo su control.

Desde hace un par de años, el Programa de Migrantes del IDHUCA, la Comisión de Derechos Humanos de México, las muchas casas que atienden indocumentados y las pastorales del migrante en México y Guatemala han denunciado las diversas formas en que Los Zetas y otros grupos asaltan y secuestran inmigrantes. En la misma línea, el periódico digital El Faro publicó entre 2008 y 2009 una larga serie de reportajes al respecto. Y en septiembre del año pasado, el investigador mexicano Rodolfo Casillas vino a El Salvador para presentar un informe acerca del secuestro de migrantes en México.

Todo esto se hizo público en medios nacionales e internacionales de renombre. No era un secreto, pues, que Los Zetas estaban secuestrando y matando a salvadoreños, centroamericanos y suramericanos. Pese a las denuncias, ello siguió pasando.

Ahora el tema vuelve a la agenda noticiosa. Han tenido que morir 72 personas para que esta grave situación recobre relevancia y se demanden soluciones. La falta de documentos de quienes migran no es excusa para que no se enfrente, se encuentre y se castigue a quienes se aprovechan de los migrantes. El Gobierno mexicano debió aplicarse a la tarea desde el momento en que la Comisión de Derechos Humanos de ese país denunció los hechos.

Así como se insiste en que este drama humano es provocado por la pobreza en que la viven las personas en sus países de origen, también debe insistirse en que no se debe soportar que se abuse de ellos y ellas en los países de tránsito. Los países de Centroamérica deberían unir sus demandas de trato digno para los suyos, y presionar conjuntamente al Gobierno de México para que lo garantice.

También podrían buscarse otras estrategias regionales para evitar el sufrimiento de la gente que migra. Por ejemplo, podrían gestionarse programas de trabajo temporal con Estados Unidos, Europa y otros países que demandan mano de obra; y así ofrecer oportunidades laborales, seguras y dignas, a la población centroamericana.

Finalmente, desde este espacio, condenamos el asesinato de los 72 migrantes, la poca efectividad de las autoridades mexicanas para enfrentar este problema y la incapacidad de los Gobiernos centroamericanos para evitar que sus compatriotas sigan sufriendo por la falta de oportunidades en sus países. Todo esto debe terminar ya.