A tres años del Plan Control Territorial

La próxima semana, Nayib Bukele cumplirá tres años en el poder. Asimismo, la principal política de seguridad implementada por su gobierno, el Plan Control Territorial (PCT), cumplirá también tres años el próximo 19 de junio. Sin duda, en estos tres años ha habido cosas positivas en materia de seguridad pública. El principal hito a este respecto ha sido la reducción de algunos índices delictivos, en particular de las muertes violentas u homicidios. A pesar de que la reducción había sido una tendencia desde antes de 2019, a partir de junio de ese año, esta disminución se aceleró aún más, hasta el punto de que en el 2021 se registró la tasa más baja de homicidios de la historia reciente de El Salvador. 

Otros tipos de violencia también se redujeron en el 2019, como las muertes en enfrentamientos armados, los feminicidios, las desapariciones, etc. En 2019, se observaba con cierta duda, la existencia de una relación causal entre la reducción de hechos violentos y la implementación del Plan Control Territorial, puesto que el análisis mostraba que la reducción era generalizada, es decir, incluía a los municipios que en teoría no habían sido intervenidos con el Plan.

Por su parte, el 2020 fue un año atípico con relación a los registros institucionales de delitos, ya que la cuarentena domiciliaria obligatoria decretada para evitar la propagación del covid-19 y la consecuente reducción de funciones de las instituciones, produjeron también la disminución de registros de delitos, pero no necesariamente la reducción de la violencia. Una muestra de ello es que, cuando la cuarentena se fue flexibilizando, muchos tipos de violencia comenzaron a aumentar, como quedó evidenciado en el Informe Anual 2020 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

Con respecto al 2020, en el 2021 existe una lista grande de indicadores y hechos de violencia que aumentaron: letalidad policial, muertes violentas de mujeres y feminicidios, desapariciones, violencia sexual, limitación ilegal a la libertad de circulación, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer son solo algunos de los más graves ejemplos. Prácticamente solo los homicidios han mantenido su tendencia a la reducción. Una reducción que no ha estado alejada de áreas grises y aspectos negativos.

En primer lugar, durante estos tres años, los repuntes de homicidios han evidenciado la capacidad real que aún mantienen las estructuras al margen de la ley de generar violaciones a los derechos de la población salvadoreña, y con ellas dolor y sufrimiento a las familias. Los tres repuntes de homicidios (entre el 24 y 27 de abril del 2020; entre el 9 y el 11 de noviembre 2021 y el más reciente entre el 25 y el 27 de marzo 2022) han dejado un total aproximado de 220 víctimas. Muchas de ellas no tenían ningún vínculo con las pandillas.

En segundo lugar, la tendencia a la reducción de los homicidios ha estado enmarcada en las ya innegables evidencias de negociaciones oscuras entre funcionarios de gobierno y las principales pandillas del país, reveladas en investigaciones periodísticas nacionales e internacionales y de agencias de otros países. La falta de transparencia sobre este proceso, sumado a otros eventos sospechosos como la liberación de privados de libertad de alta peligrosidad (y con procesos judiciales pendientes) y la no extradición de reconocidos miembros de pandillas en un contexto de captura total del Estado por parte del presidente de la República, generan las sospechas suficientes para presumir de un pacto entre el gobierno y las pandillas al estilo de la tregua ocurrida en el año 2012.

En tercer lugar, el aumento de las denuncias de desapariciones, aunado al descubrimiento de “fosas clandestinas” con decenas, sino es que centenares, de víctimas mortales, dan evidencia de que las cifras de muertes violentas en los últimos tres años tienen un sub-registro cada vez mayor, por lo que las cifras oficiales deben verse con suma cautela.

Ante todos estos elementos existen más preguntas y cuestionamientos que respuestas sólidas. Además, hay otros tipos de violencias que parecen haber sido ignoradas, tanto discursiva como programáticamente. Evidencia de ello es el aumento que sufrieron en 2021 los indicadores de letalidad policial, los delitos contra la mujer y los delitos de violencia sexual. ¿Cuál es la respuesta del Plan Control Territorial ante estos aumentos? ¿Cómo las cuatro fases anunciadas del Plan inciden en estos tipos de violencia? ¿Qué otras políticas o programas están tratando estos aumentos?

De hecho, en las vísperas de cumplir tres años de implementación del PCT, las autoridades han optado por decretar un régimen de excepción lo cual supone que este plan no ha sido capaz de contener la violencia de forma satisfactoria, aun después de casi tres años de ejecución, y ha necesitado de herramientas adicionales para el control de la criminalidad, pese a los millones de dólares invertidos en la implementación del  PCT. 

Ciertamente no podemos esperar que en tres años se solucionen problemas estructurales, pero sí es exigible un cambio en las políticas de seguridad que conlleve a la integralidad de la respuesta a estas problemáticas. Contrario a esto, las principales apuestas del PCT tienen elementos de continuidad con las anteriores políticas de seguridad:

a) La militarización que supone el aumento del número de efectivos militares en las calles.
b) El elevado enfoque represivo de la respuesta estatal en el territorio, lo que ocasiona un gran número de capturas en flagrancia.
c) Medidas excepcionales convertidas en ordinarias, en centros penales

En suma, El Salvador aún está lejos de dar soluciones duraderas a los principales problemas de seguridad que enfrenta desde hace décadas, más bien parece que antiguos fantasmas vuelven a figurar en el escenario nacional.

* Jorge Rodríguez, del Observatorio Universitario de Derechos Humanos. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 90.