La semana pasada, y tras una conferencia de prensa en el mismo lugar donde diecisiete personas fallecieron quemadas, víctimas de la locura asesina, en Mejicanos, el Consejo Nacional de Educación (CNE) entregó a la ciudadanía un manifiesto que aboga por la unidad nacional frente a la delincuencia. Una necesidad que todos decimos es impostergable. Pero en la práctica no acabamos de encontrar el camino de la unidad. Incluso los políticos, que deberían ser expertos en buscar soluciones comunes a problemas nacionales que afectan a todos, nos sorprenden con frecuencia con decisiones que no hacen sino ahondar diferencias.
En este contexto, el manifiesto del Consejo presenta unas características muy interesantes. Porque no anuncia un camino de unidad basada en el grito, el simple sentimiento de indignación o el espíritu de venganza, sino un camino de unidad que se construye a través del diálogo y las necesidades de todas las personas. En un acuerdo de país, nadie debe estar marginado; y dado que el problema nos afecta a todos, tenemos por seguro que habrá una buena cantidad de propuestas coincidentes. De hecho, leyendo diversas propuestas que ya han parecido se pueden contemplar coincidencias en varias de ellas. Pero lo interesante del proyecto que ha presentado el Consejo Nacional de Educación es que el resultado de su propuesta final no sólo reunirá lo que ya se está proponiendo, sino especialmente aquellas coincidencias dialogadas y asumidas por las grandes mayorías del liderazgo nacional en todos los órdenes y sectores.
La delincuencia es un azote que no se ha enfrentado adecuadamente en el país en los últimos cincuenta años. Según un análisis del PNUD, en esos diez lustros, los homicidios no han bajado de treinta por cada cien mil habitantes en El Salvador. Lo interesante es que ahora hay una nueva conciencia, presente con fuerza en el debate nacional y en la preocupación ciudadana, que debemos aprovechar. Y en vez de centrarnos en aquellas medidas contra el crimen que nos separan, tenemos la oportunidad de definir bien lo que nos puede unir. Entre el bando que piensa que con represión todo se puede arreglar y su contraparte que considera que la prevención supondría un camino de solución rápido a la violencia ciega, surge esta iniciativa que tiene elementos mucho más racionales y positivos. Es desde el diálogo nacional y desde el consenso en medidas concretas que podemos comenzar a luchar exitosamente contra la violencia. Las dimensiones de la violencia son tan enormes que muchos pueden tener la tendencia a resolver los problemas como si la solución fuera una especie de guerra civil contra la delincuencia. Y aunque la lucha contra el crimen hay que pensarla técnicamente y con capacidad de diseñar estrategias muy concretas, los consensos sobre cómo se puede impulsar ese esfuerzo sólo pueden nacer de un diálogo amplio.
Hasta el presente hemos tenido estrategias diseñadas por supuestos equipos técnicos, o incluso comisiones presidenciales que han elaborado documentos de gran calidad. Pero ha faltado incorporar masivamente el pensamiento y el compromiso de los diferentes sectores que componen nuestra vida nacional. Se han dado recetas, pero no se ha buscado adecuadamente incorporar compromisos ciudadanos. Mientras los técnicos buscaban soluciones al problema de la delincuencia y a la cultura de la violencia que la acompaña y muchas veces la genera, la población quedaba al margen del proceso, con miedo ante una situación donde la muerte puede estar a la vuelta de la esquina y envuelta en una fuerte desconfianza ante las instituciones responsables de enfrentar la brutalidad imperante.
El diálogo sobre la seguridad ciudadana trata, parafraseando a Ignacio Ellacuría, de "que el pueblo haga oír su voz". Y haga no sólo que su voz se escuche a través de un acuerdo amplio, sino a través del compromiso ciudadano con ese acuerdo. Muy pronto, los miembros del Consejo comenzarán a visitar a amplios sectores a nivel nacional. Será una oportunidad para apoyar el diálogo a fondo sobre el tema, proponer las propias soluciones en la construcción de una verdadera seguridad ciudadana y comprometerse en la construcción de la paz y en el aporte al desarrollo y fortalecimiento de aquellas instituciones clave en el control de la delincuencia.
La participación ciudadana no sólo puede convertirse en un elemento unificador de quienes todavía hoy están divididos, sino en una fuerza pacífica que sepa exigir al mismo tiempo un adecuado equilibrio entre prevención, contención y control del delito; y, sobre todo, en un elemento de recuperación de la confianza —hoy bastante débil— en que podemos construir un país donde la vida no esté tan en riesgo. Es más lo que nos une que lo que nos separa. E incluso los que tiene la tentación de la violencia, o los que participan activamente en su génesis y desarrollo, pueden llegar a descubrir, a través de una conciencia nacional más unida y expresada, que podemos encontrar caminos mejores para todos.