Al oído del nuevo Procurador

David Ernesto Morales Cruz fue elegido procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Toca, entonces, pedirle que defina posición sobre asuntos directamente relacionados con la promoción, defensa y respeto de los derechos humanos en El Salvador. Hay que hacerlo considerando su trayectoria, pues ya tiene bastantes horas de vuelo. Morales trabajó en diversas organizaciones de la sociedad y en la misma institución que ahora encabeza, hasta terminar su peregrinaje laboral en este ámbito como Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del actual Gobierno. Por esto último, no es extraño que Mauricio Funes —hasta hace unos días, su jefe máximo— se haya congratulado mucho tras conocer su designación.

En abril de 2008, Morales denunció que el juez primero de Instrucción de Santa Tecla, David Posada Vidaurreta, era víctima de una persecución por parte de la Fiscalía General de la República. Una persecución que, afirmó, era de "una especial gravedad, no solo para él [Posada Vidaurreta], sino para la situación del Estado de derecho en el país". Esa y otras manifestaciones a favor de la independencia judicial le plantean hoy como desafío pronunciarse con prontitud, precisión y claridad sobre lo que se está tramando contra la actual Sala de lo Constitucional, dentro y fuera de la Corte Suprema de Justicia.

Se esperaría que con esos antecedentes, sin importar el elevado cargo que ostenten en la administración pública ni el poder que tengan fuera de esta, Morales señale con determinación a quienes participan en esta conspiración que atenta con lo que tanta falta le hace a la sociedad salvadoreña: funcionarios que, más allá de lo que se les pueda y deba criticar, ejercen el control constitucional sobre actos que lo ameritan.

Siempre en 2008, en mayo, familiares de personas desaparecidas de manera forzada y las organizaciones que las acompañaban dijeron que denunciarían a Félix Garrid Safie, entonces al frente de la Fiscalía, por el delito de omisión en la investigación. En ese esfuerzo también participó el ahora Procurador, quien declaró que dos años atrás habían solicitado a esa institución la investigación de algunos casos. "La denuncia —afirmó textualmente Morales— la presentamos en agosto del año 2006 y fundamentalmente la situación del caso es que el Fiscal General de la República se ha negado a investigar las desapariciones, con lo cual tenemos la conformación de otros delitos". Se refería, en concreto, al de omisión de investigación.

Casi un año después, a mediados de abril de 2009, en la víspera de finalizar su mandato, se solicitó a la Asamblea Legislativa un nuevo antejuicio contra Safie. No prosperó, al igual que otras dos peticiones anteriores en el mismo sentido. ¡Muera la justicia! Y ¡viva la impunidad! eran las consignas perennes del Estado salvadoreño que parecieron estar a punto de agotarse tras nacer la "esperanza" que —traducida en triunfo electoral— anunciaba el "cambio".

Tres meses después de que Funes entró a Casa Presidencial por la puerta ancha, David Morales se incorporó al equipo de trabajo de la Cancillería para "coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos" por parte del Estado salvadoreño. Esa y otras funciones debía ejercer como Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, según aparece en el currículo que entregó a la Asamblea Legislativa en su afán de competir por el puesto que ahora ocupa.

Antonio Saca no cumplió con las mencionadas obligaciones internacionales en el caso —por citar uno entre tantos— del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt y de las amenazas, atentados y demás hostigamientos contra sus padres. El que hoy aspira de nuevo a convertirse en presidente de la República debió obedecer, íntegramente, lo que le mandó hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo del 20 de noviembre de 2007. Saca acató parte de lo accesorio; por ejemplo, su publicación parcial. De mala manera, pero lo hizo. Sin embargo, se pasó por donde quiso la obligación de indagar usando "todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos, y así evitar la repetición de hechos como los del presente caso".

Funes ha seguido los pasos de Saca cumpliendo, según David Morales cuando trabajaba en el Gobierno, con lo que corresponde al Ejecutivo en lo relativo a las reparaciones de las víctimas. En lo concerniente a la investigación, alegaba la inactividad del Fiscal General de la República. El mismo discurso usaba cuando al examinar las recomendaciones en el caso de la masacre en la UCA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constataba el incumplimiento de las mismas. Esos dos litigios dentro y fuera del país han sido impulsados por las víctimas con el acompañamiento del Instituto de Derechos Humanos de esta universidad. Pero hay muchos más en la misma situación, tanto en la Comisión como en la Corte del sistema interamericano de derechos humanos.

Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué la administración Funes no solicitó someter a antejuicio al fiscal Romeo Barahona por el delito de omisión de investigación si contaba con David Morales, experto en dar esas batallas? Queda, pues, esperar que el nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos recupere sus anteriores bríos para enfrentar retos como denunciar y censurar cuando se cometan violaciones de derechos humanos. Hechos como los que se sigue cometiendo contra la familia García Prieto Giralt y tantas víctimas a las que el Estado les niega el conocimiento de la verdad sobre los hechos que las dañaron, una justicia pronta y cumplida, y una reparación integral (no a cucharadas). Esas víctimas y la mayoría de la sociedad no aceptan que la impunidad siga siendo norma en el país. He ahí el gran desafío para David Morales, pues esa impunidad está a la base del resto de violaciones de derechos humanos.