Winston Churchill dijo “esfuérzate por mantener las apariencias que el mundo te abrirá crédito para todo lo demás”, frase que calza al pelo con lo que aparentemente pretende hacer el Gobierno de El Salvador, según algunos economistas, al anunciar la compra anticipada de deuda en bonos por vencer en 2023 y 2025. Al respecto, el presidente de la República afirmó: "El Salvador tiene suficiente liquidez, no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta 2025), por adelantado", lo que contradice las versiones que auguran que el país entrará en default por falta de capacidad para honrar sus compromisos.
Sin embargo, el dato objetivo es que el riesgo de que el país caiga en impago ha aumentado. En mayo, Moody´s ubicó a El Salvador como el peor calificado de Centroamérica con una nota de Caa3. Por su parte, el 1 de junio pasado, la agencia Standard and Poor´s bajó la calificación crediticia del país de B- a CCC+ que es una de las peores calificaciones de crédito que pueda tener un país ya que indica que hay una alta probabilidad de que no pueda pagar sus deudas. En términos similares ha calificado al país Fitch Ratings. La intención del Gobierno de comprar la propia deuda del país a precio de mercado puede ser buena, pero esto dependerá de que quienes tengan los bonos los quieran vender. Los pagaderos para 2023, por la situación que atravesamos, solo valen en el mercado el 73.79% del precio al que fueron vendidos y los que vencen en el 2025 se cotizaban hasta el martes de esta semana solo al 34.72% de su valor original. Es decir, la compra de los bonos por parte del Gobierno a precios menores de los que se vendieron, depende de quienes los tienen. La decisión está abierta. Quienes teman que el país vaya a peor y que los precios de los bonos puedan caer todavía más, podrían animarse a venderlos, mientras los que no quieran perder sus inversiones probablemente esperen su vencimiento.
En cualquier caso, El Salvador quedará como un país que vende bonos a un precio, prometiendo ganancias a quienes los compren, mientras compra los mismos bonos a una fracción del precio al que los vendió. Así, la precaria administración económica quedará en evidencia, lo que no le hará ningún favor a la ya deteriorada imagen que proyecta el país.
De acuerdo a los especialistas en el tema, el país estaría incumpliendo una promesa más, esta vez con quienes le han ayudado a conseguir recursos. Aparte de esto, objetivamente hablando, si el Gobierno piensa recurrir a $200 millones de un préstamo y a más de $300 millones de reservas internacionales bajo custodia del Banco Central de Reserva para comprar sus propios bonos, el monto obtenido no le alcanzaría para comprar ni siquiera los bonos del 2023 que suman alrededor de $800 millones. Es decir, el Gobierno adquiere deuda para pagar otra deuda pero todavía no le alcanza. También es objetivo que, hasta la fecha, al Gobierno todavía le falta desembolsar fondos para la Universidad de El Salvador y que ni los montos de lo que sobrevivió del Fodes se transfieren puntualmente a las municipalidades. Un informe de la Gestión Financiera del Estado 2021, conocido el pasado 4 de abril, indicaba que el saldo de los acreedores financieros era de $1,827.4 millones, equivalentes al 9.4% de los pasivos totales del Gobierno central.
Si en realidad hay tanta abundancia, como dice el presidente, ¿Por qué suceden estos atrasos? En realidad, de acuerdo a los entendidos, la intención de la maniobra del Gobierno es aparentar capacidad sobrada de pago para que le disminuyan el riesgo de impago al país y así abrir puertas para el financiamiento. Pero, en realidad, la movida refleja el grado de desesperación en el que ha caído el régimen.
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 98.