Cambiar para no cambiar

¿Es la destitución y sustitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional un auténtico cambio en la historia salvadoreña? El discurso oficial así lo ha presentado, tanto para el consumo dentro del país como para fuera, especialmente en los Estados Unidos. Incluso se lo ha querido presentar como un acto de soberanía y, por tanto, reclama la no injerencia en los asuntos internos por parte de la comunidad internacional.

Lo acontecido en la primera sesión plenaria de la nueva legislatura quedará registrado, sin duda, como un gesto rupturista. Ya sea por los que consideran que el 1 de mayo la Asamblea Legislativa dio un golpe de Estado, al no sujetarse a los procedimientos constitucionales para destituir y sustituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional; o ya sea por quienes consideran que esa acción se enmarca en la ruptura con el statu quo que vendría liderando el presidente de la República desde el 1 de junio de 2019.

Ciertamente, ambas posturas tienen algo de verdad. Por una parte, aunque la Constitución le dé a la Asamblea Legislativa la facultad para destituir a los magistrados de la Sala, no se siguió el procedimiento constitucional establecido para sustituirlos. No hubo un debido proceso. Un diputado propuso a los nuevos magistrados sin tener competencia constitucional o legal para ello. Por su parte, algunos de los magistrados nombrados no cumplen con la disposición constitucional sobre su procedencia para poder ser elegidos. Todo esto implica que se rompió el orden constitucional, sin que ello haya derivado en inestabilidad política. Los llamados de atención y condenas recibidas por la comunidad internacional no encuentran un eco relevante al interior del país.

Por otro lado, el cambio de la Sala de lo Constitucional ocurre en la misma sesión plenaria donde se destituye y sustituye al Fiscal General de la República. Todo parecía indicar que luego vendrían nuevas destituciones y sustituciones: magistrados de la Corte de Cuentas y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Como mínimo, estas acciones implicarían una ruptura del control que los partidos Arena y FMLN tenían sobre estas instituciones. Estos partidos quedarían fuera del tradicional reparto institucional al que se habían acostumbrado desde la reforma política de 1992.

Ahora bien, las acciones legislativas del 1 de mayo ¿Implican una transformación social de gran calado? Uno de los hermanos del presidente publicó un tuit con una frase de san Óscar Arnulfo Romero: “hay que cambiar el sistema de raíz”. Con esta acción, un miembro del clan que dirige al país desde Casa Presidencial busca legitimar las acciones de la Asamblea Legislativa. Bajo su lógica, lo que la aplanadora cian ha hecho es ir a la raíz de los males en el país y, por tanto, hay que apoyarla. Pero ¿Eran los magistrados destituidos de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General la raíz de la desigualdad social, la exclusión económica, la violencia social, los feminicidios, el fortalecimiento de las pandillas, la penetración del narcotráfico en instancias institucionales, la falta de empleo, las bajas pensiones, el deterioro del medio ambiente, la masiva emigración de salvadoreños, el subdesarrollo cultural, etc.?

Las acciones de la Asamblea Legislativa ocurridas el 1 de mayo fueron osadas. Quizá eran pocos quienes las esperaban, aunque no dudaran que tarde o temprano ocurrirían. El presidente de la República ya había neutralizado al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y había dirigido sus dardos comunicativos hacia la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía, la Corte de Cuentas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La correlación de fuerzas no le favorecía desde el 1 de junio de 2019. Sin embargo, era cuestión de tiempo cambiar esa correlación. Desde el 1 de mayo de 2021, el presidente de la República cuenta con un apoyo legislativo que ningún otro presidente tuvo bajo la Constitución de 1983. Hay que retroceder hasta los gobiernos militares del PRUD y del PCN para encontrar similar acumulación de poder como la del actual presidente.

No obstante, las acciones de la Asamblea Legislativa pueden resultar intrascendentes para “cambiar el sistema de raíz”. Los actuales cambios pueden ser nada más que cambios “en las ramas”. Como cuando se poda un árbol. La raíz se deja intacta. Hasta ahora, lo que se ha visto es una sustitución de unas personas por otras. Como lo hacían “los mismos de siempre”. La diferencia es que la lógica del tradicional reparto ya no es necesaria. Con ello, “los mismos de siempre” pierden el control sobre las instituciones de control.

Pero ¿implica ello necesariamente la independencia y autonomía de tales instituciones? Si así fuera, la aplanadora cian estaría contribuyendo a la democratización institucional. Pero esa misma aplanadora aprobó en la segunda sesión plenaria la llamada “Ley Alabí” que daría inmunidad a los responsables de la gestión de la pandemia, en especial en lo referido al manejo de fondos públicos. La publicidad que recibió esta acción contrasta con la recibida por las acciones legislativas del 1 de mayo. Quienes apoyan estas últimas, poco o nada dicen de aquella. Y, justamente, acciones como esta son las que favorecieron la corrupción de “los mismos de siempre”. Como le gusta citar al presidente de la República, no se puede esperar algo diferente haciendo lo mismo. La corrupción ha hecho mucho daño al país y hay que combatirla. No se combate promoviendo la opacidad en las instituciones públicas. No se combate legislando para que, quienes utilizaron fondos públicos durante la pandemia, no se vean obligados a rendir cuentas. No se combate la corrupción negando información sobre el financiamiento de las campañas políticas y de los partidos políticos. Para combatirla eficazmente hay que ir a la raíz: al agente corruptor, a las circunstancias que favorecen su acción y a los mecanismos que suele utilizar para corromper a las instituciones de control.

Las acciones legislativas del 1 de mayo, y las posteriores que se exhiben como acciones transformadoras, no van a la raíz de los problemas que aquejan a los salvadoreños. Tres cuartas partes de la Población Económicamente Activa (PEA) están en el sector informal con ingresos precarios. La raíz de esta condición está en la estructura económica. Ni siquiera políticas sociales asistencialistas, como el reparto de víveres, ni transferencias monetarias directas, ni la entrega de computadoras a estudiantes y profesores cambian la estructura económica. Si se quiere cambiar el sistema de raíz, hay que operar en la estructura económica y cambiar el reparto de la riqueza socialmente producida en el país.

Cambiar a unas personas por otras es como cambiar unos gobernantes por otros. Cambiar al inquilino de Casa Presidencial no implica necesariamente un cambio en la estructura económica. El actual presidente de la República goza de un apoyo que bien podría utilizarlo para alterar esa estructura y también goza de una aplanadora cian para legislar a favor de un giro social en la economía. Las inequívocas señales de cambio en esta dirección serían las reacciones contrarias de los agentes económicos que siempre se han beneficiado y han controlado la economía nacional, desde que esta se organizó bajo un modelo agroexportador, hasta la actualidad, basada en los servicios. Cambiar otras cosas, pero no cambiar el modelo económico, es cambiar para no cambiar. Es podar las ramas y no cambiar la raíz.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N. ° 44.