Corrupción en la Corte Suprema

Con frecuencia hemos tenido que denunciar a la Corte Suprema de Justicia como un lugar donde existe corrupción. Las luchas actuales contra la Sala de lo Constitucional tienen como trasfondo un buen porcentaje de apego a privilegios indebidos y a prácticas corruptas. Pero el silencio que ha rodeado al cobro de más de 23 mil dólares por parte de los magistrados que dejaron la Corte es escandaloso y digno de ser analizado y denunciado. Y, por supuesto, deberían emprenderse acciones legales conducentes a que los cinco magistrados que terminaron su período a mediados del año pasado devuelvan el dinero que sustrajeron al Estado a través de un fraude de ley. Empezando por el propio ex presidente de la Corte, que renunció tres o cuatro días antes de que finalizara su período.

En efecto, los magistrados salientes no sólo se ampararon en una ley inmoral, que les da unas ventajas económicas que no puede menos que calificarse como clasistas y corruptas en un país pobre como el nuestro; sino que, además, se aprovecharon de esa misma ley para burlar la ley orgánica judicial y el espíritu de la misma. Un verdadero fraude de ley.

La ley orgánica judicial, en su capítulo único sobre las autoridades judiciales, establece que en caso de renuncia la Asamblea deberá sustituir a quien renunció. Sin embargo, en la Corte Suprema, el año pasado, los cinco magistrados cuyo término se agotaba en julio presentaron su renuncia voluntaria pocos días antes de retirarse del cargo para poder cobrar los seis salarios que otra ley les garantiza a diversos funcionarios. ¿Estuvo acéfala la Corte durante varios días? ¿Alguien les aceptó la renuncia a estos señores? ¿Se les nombraron sustitutos por el tiempo que les quedaba para terminar su período? ¿Siguieron llegando a sus despachos a pesar de haber presentado la renuncia? Si siguieron llegando, ¿fue efectiva su renuncia y, por tanto, adquirieron el derecho a cobrar los seis salarios? Todas son preguntas sin respuesta. Varios de los que renunciaron eran miembros de la Sala de lo Constitucional, que sólo pueden ser sustituidos por la vía del nombramiento de la Asamblea Legislativa. Pero no hay registro de que la Asamblea haya aceptado ninguna renuncia, ni mucho menos que haya nombrado sustitutos. En definitiva, da la impresión de que todo esto de la presentación de la renuncia ha sido una comedia ridícula para poder embolsarse los seis salarios extras.

A ese proceso se le llama corrupción, y tiene todos los aditamentos de la misma. Ha sido un procedimiento poco trasparente, a espaldas de la ciudadanía, oculto en la complejidad de leyes interpretadas unas literalmente y otras con una completa laxitud. Aunque el término más apropiado a lo que han hecho los magistrados es el de fraude de ley, se acerca también al de peculado. Pues actuaron desde puestos de autoridad como vulgares ladronzuelos de supuesto cuello blanco, que se aprovechan de la ley y de su posición para quedarse con el dinero escaso del contribuyente. También esta mezcla de leyes implica una especie de estafa a la Asamblea Legislativa, si es que la renuncia fue interpuesta ante ésta. En efecto, presentar una renuncia tres o cuatro días antes de que termine el período ordinario de un magistrado, simplemente por el deseo de apropiarse de seis salarios, no es aceptable. Y si la Asamblea la aceptara, sería cómplice de corrupción. Si simplemente se presentó la renuncia para recibir los seis salarios sin darle tiempo a la Asamblea para aceptar la renuncia y sustituir al renunciante, nos encontramos con la manipulación burda de un procedimiento para aprovecharse de la "regalona" ley inmoral. En toda renuncia se suele poner, para que sea seria, la causa de la misma. ¿Habrán puesto los "honorables" magistrados como causa de su renuncia el deseo de obtener los seis salarios? ¿O prefirieron optar por la absoluta falta de trasparencia diciendo que renunciaban por "razones personales"? Triste, si fuera ese el caso. Porque cuando la personalidad reside en el bolsillo, cualquier cosa se puede esperar de un magistrado.

Ante esta situación, aunque se haya dado hace un año, la ciudadanía debe reaccionar. El Tribunal de Ética debería recibir denuncias al respecto y determinar la ética de ese modo de proceder. Las escuelas de derecho de las universidades deberían pronunciarse. Fusades, desde su observatorio legal, debería decir alguna palabra. La propia Corte Suprema y los magistrados deberían opinar sobre esa maniobra e informarnos sobre si ellos piensan hacer lo mismo. Ciertamente, deberíamos ser muchos los que pidamos que esa ley de los seis salarios sea derogada con urgencia en la Asamblea Legislativa. Porque si sirve para que los magistrados de la Corte puedan cometer legalmente actos que éticamente sólo pueden catalogarse como corruptos, no puede ser una buena ley. La propia Asamblea Legislativa debería investigar la maniobra de los magistrados, simplemente para ver si no le han tomado el pelo.

Si a alguien debemos pedirle responsabilidad, ética y seriedad en sus decisiones es a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte financia libros de poesía de mala calidad de sus magistrados, si contrata preferencialmente a sus parientes y amigos, si un buen grupo de magistrados le impide a otro combatir la mora judicial, y si al final se aprovechan de una ley para traicionar el espíritu de otra, algo huele a podrido en los más altos niveles de nuestro sistema judicial. Sabemos que siempre ha habido magistrados rectos —normalmente en minoría— en la Corte Suprema. Confiamos en la nueva Sala de lo Constitucional y en la seriedad con la que ha emprendido una serie de reformas. Pero queremos ver a los magistrados rectos y honorables unidos y compactos contra una corrupción que ha sido demasiado evidente y demasiado larga y ocultada. Porque si deseamos democracia, justicia y responsabilidad en El Salvador, el cambio de actitudes y procedimientos es también necesario en la Corte Suprema.