Corrupción y derechos humanos

El 9 de diciembre se celebró el Día Internacional contra la Corrupción y el 10, el Día de los Derechos Humanos; dos fechas no solo cercanas en el calendario, sino en contenido. Muchas de las violaciones a los derechos humanos van unidas a la corrupción, en ocasiones íntimamente y en otras circunstancialmente. Sin ir más lejos, dos presidentes del país, Cristiani y Flores, repetidamente acusados de corrupción, encubrieron o impidieron la justicia en el Caso Jesuitas y en muchos otros. El que se enriquece ilícitamente no quiere que la justicia se fortalezca. Y la mejor manera de mantenerla débil es impedirle defender los derechos humanos.

En El Salvador, donde las leyes se formulan las más de las veces a petición del poder ejecutivo y con la anuencia del partido que lo apoya, se organizan las cosas para facilitar la corrupción. Cuando la Corte de Cuentas está publicando ahora el "engavetamiento" de investigaciones en sus propios archivos, contemplamos cómo la legislación está pensada para facilitar la corrupción. Resulta que una vez iniciada una investigación en la Corte, el plazo para terminarla es de dos años. Basta con engavetarla dos añitos, y el caso caduca. En otras palabras, se consigue la total y absoluta impunidad si es que realmente había corrupción en el caso investigado. Aunque no necesariamente haya corrupción detrás de todos los casos que ha presentado recientemente la Corte de Cuentas, ciertamente el sistema y el amiguismo con el que se suele elegir a los presidentes y magistrados de ese tribunal alientan y fomentan la corrupción. Para su perfección y que a nadie se le ocurra ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción, la Constitución deja claro en su artículo 242 que "la prescripción de los delitos y faltas oficiales se regirá por las reglas generales". Y como las reglas generales para la prescripción de los delitos económicos son muy suaves, la garantía de impunidad está prácticamente sellada si se tiene algún amigo bien colocado en la Corte de Cuentas.

La raíz de la corrupción reside en la capacidad humana de diseñar legislaciones, modos de proceder e incluso sistemas de pensamiento en favor del más fuerte. Y no hay duda de que los más fuertes son siempre quienes tienen el dinero y el poder político. Incluso con cierta frecuencia coincide que son los mismos. Y esa misma raíz está presente en la violación de los derechos humanos: es el más fuerte alzándose sobre el más débil, el rico sobre el pobre, el pistolero sobre el desarmado. Y por supuesto, organizando sus propias leyes para justificar el abuso, permitirlo o facilitar la impunidad a través de trampas y recovecos legales. Cuando hoy las empresas se niegan a pagar las multas impuestas por la Superintendencia de Competencia, buscan precisamente esos recovecos legales. Y la ANEP, tan acostumbrada a pasar en silencio la corrupción de los poderosos mientras la toma contra las empresas ALBA, que están dispuestas a pagar la multa que les han impuesto, calla frente a empresas que no cumplen las reglas del juego y que buscan los recovecos legales, o los silenciosos influjos ilegales, que les permitan burlar la norma.

Nuestro país ha avanzado en el respeto a los derechos políticos y civiles, pero en los económicos y sociales tenemos serias fallas. Asimismo, en los derechos básicos a una justicia pronta y eficiente hemos avanzado poco. La enorme cantidad de homicidios que quedan en la impunidad es una herida sangrante y muy grave en el campo de los derechos humanos. Lentitud en el servicio administrativo, debilidad institucional, graves desigualdades en el campo económico y social, cultura excesivamente clasista y despectiva respecto a los más pobres minan y entorpecen el crecimiento en el campo de los derechos humanos. En ese entorno, es fácil que florezca la impunidad de delitos económicos y, con ella, la corrupción. Pero la corrupción se ve y se siente. Personas que extrañamente pasan de la riqueza a la pobreza, instituciones que guardan en las gavetas los procesos imprescindibles para la transparencia y la honestidad, presidentes que manejan 10 millones como gasto de bolsillo privado dejan clara la situación. Derechos humanos significan también justicia social, participación equitativa en la riqueza que produce el trabajo, garantía de que todos y todas podamos desarrollar nuestras capacidades plenamente. La corrupción es enemiga de los objetivos básicos de los derechos humanos. Erradicarla, un deber de la democracia.