De nuevo el transporte público

Esta semana, los empresarios del transporte público, uno de los grupos de presión más fuertes en el país, realizaron una protesta (léase bloqueo de calles) con el fin de demandar nuevas medidas relativas al subsidio estatal hacia el sector y la autorización del aumento en la tarifa del servicio. Como suele suceder, la población de a pie fue la más afectada por esta medida de presión; una población que ya padece el maltrato y abuso por parte de los motoristas, el deterioro de la mayoría de buses y microbuses, y la contaminación que producen. Carencias del sector a las que se suman, además, algunas fallas por parte de las autoridades competentes de garantizar la provisión del servicio público de la manera más eficaz y respetuosa.

Con la economía nacional a cuestas y una pésima calidad en el servicio, difícilmente la ciudadanía está en condiciones de soportar el aumento a la tarifa que demanda el gremio de transportistas. En ese sentido, el interés superior de la colectividad debe primar por sobre los intereses empresariales de un sector que considera poco rentable su negocio. Si bien los transportistas enfrentan condiciones adversas de seguridad y también sufren los efectos de una difícil situación económica, la solución a sus problemas no puede pasar por el sacrificio de muchos.

Parte de una solución razonable sería diseñar un sistema de incentivos para el sector del transporte público. Un sistema que, por supuesto, tendría que incluir un firme monitoreo a los transportistas por parte de las autoridades, para así evitar las prácticas corruptas y el pésimo servicio de siempre. Por su lado, los empresarios deben ser conscientes de que el suyo es un servicio público que debe estar en función de todas y todos los habitantes del país, y no pueden administrarlo de forma antojadiza.

Otra opción que merece un análisis serio —sin perder de vista temas relacionados como el ordenamiento territorial y la provisión de seguridad pública— es la provisión estatal del servicio. Se ha mencionado mucho que el Estado carece de la capacidad para administrarlo y proveerlo, pero no se cuenta con estudios técnicos sólidos sobre las condiciones presupuestarias y logísticas que esta provisión implicaría.

Sin embargo, hasta el momento, los intentos de diálogo y negociación solo han conducido a acuerdos de corto plazo que no inciden sobre los problemas de fondo y que sólo sirven para contener el descontento del sector empresarial, generalmente a expensas de la ciudadanía. Mientras el problema no se aborde decidida e integralmente, persistirán los conflictos, el mal servicio, la inconformidad y el caos.