Cuando entraba un Gobierno de Arena al poder no había demasiadas expectativas; se suponía que habría una continuación de las políticas y de los modos de implementarlas. Ahora, que entrará al Gobierno la oposición, las expectativas son mayores. Quienes esperaban tranquilos el nombramiento de los ministros para el 1 de junio se interrogan ahora con mucha mayor curiosidad sobre quiénes serán los invitados a colaborar en el Ejecutivo. Aunque ya la opinión pública tiende a pensar que no habrá cambios extraordinarios o excesivamente rápidos, la curiosidad y el interés siguen patentes.
Más preocupación hay respecto al nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema. Y así mismo no deja de haber inquietud sobre cómo quedará la dirección de la Asamblea o la Fiscalía General. Se han dado ya algunos síntomas de que pueden continuar ese tipo de negociaciones debajo de la mesa que tanto molesta a la ciudadanía, y eso no tiene nada que ver con el cambio que se anunciaba en la propaganda. Si saliera nombrado magistrado de la Corte alguno de los miembros de Consejo Nacional de la Judicatura que se han propuesto a sí mismos, triunfaría de nuevo la indecencia que con tanta frecuencia ha sacudido las filas diputadiles. En algunos puntos críticos de campaña, como el tema impuestos o el tema ley de amnistía, ya ha habido demasiado acercamiento entre las propuestas de Arena y el FMLN como para que ahora se coincida una vez más en tácticas corruptas a la hora de elegir a funcionarios de otros poderes del Estado.
El tiempo pasa, la crisis aprieta, y es tiempo de ir señalando rutas, dialogar públicamente sobre ellas y empezar a demostrar que eso de un Gobierno de unidad nacional es algo más que palabras. Es preocupante que a estas alturas, y cuando quedan sólo 15 días escasos para que finalice esta Asamblea actual, no haya más debate público sobre temas como las escuchas telefónicas, la ley de acceso a la información o la división de las funciones administrativas y jurisdiccionales dentro del Tribunal Supremo Electoral. No digamos ya el tema de incluir en la Constitución la posibilidad del referéndum, un déficit de nuestra democracia desde la promulgación de la actual Constitución. Dejar estos temas para después, o salir con pactos ya arreglados sin debate público, puede ir enfriando el entusiasmo que las promesas de cambio generaron en muchas personas. Y aunque el cambio fundamental se espera que sea el de gobernar con mucha mayor conciencia social, y con una opción preferencial por solventar los problemas de los más pobres, el modo de hacerlo también es importante.
Mientras el silencio político parece la norma, la electricidad ha subido, los buseros hablan de paro y el tema subsidios no parece tener, al menos para conocimiento público, ninguna oferta de discusión. Si algo se espera del próximo Gobierno es que los temas nacionales se debatan más y con mayor apertura a la sociedad civil, y que dentro de los temas nacionales empiece a verse perfilado el tipo de acciones que se van a llevar a cabo para enfrentar la pobreza. Aunque los primeros cien días del Gobierno serán fundamentales para conocer el rumbo del mismo, no es malo que las propuestas y pasos de esos primeros meses, que suponemos están al menos pergeñados, empiecen a conocerse, comentarse y debatirse públicamente. No era la táctica de Arena en general eso de anticipar medidas, pero tal vez es bueno que si hay cambio de Gobierno, haya también cambio en los modos de proceder. Si, por ejemplo, se continuara con la famosa partida confidencial, como le llama la gente, que es un modo legal de administrar el dinero público reñido tanto con la democracia como con la ética ciudadana, muchos nos sentiríamos defraudados. Suponemos que la apertura al monitoreo público de ese tipo de cuentas será una de las primeras medidas del próximo Gobierno.
Ciertamente, quienes han apoyado sistemáticamente el modo de proceder de Arena, más mediático y vertical, no son los más indicados para pedir al nuevo Gobierno que sea diferente. Pero independientemente de quien lo pida, del nuevo Ejecutivo se espera un espíritu de inclusión en la participación democrática mucho mayor.
Es indispensable comenzar ya a definir el futuro, sus pasos concretos, las políticas de los primeros cien días, las medidas inmediatas para enfrentar el efecto de la crisis en los sectores más empobrecidos de nuestra población. Los países funcionan a base de confianza en sus gobernantes. Y la gobernabilidad aumenta cuando la transparencia es parte del diario accionar del Ejecutivo. Los tiempos son buenos para la democracia y malos para la economía. Por eso es necesario que haya también una mayor participación de la gente la hora de buscar soluciones. Y la participación sólo se da cuando se empieza a debatir públicamente por dónde van a ir las medidas de un país que necesita unas cuantas para enfrentar la crisis, y unas muchas para mejorar su estilo democrático.