El 22 de marzo es el día mundial del agua. Desde hace varias décadas, El Salvador enfrenta una situación cada vez más grave relacionada con la preservación de los mantos acuíferos y con la disponibilidad y abastecimiento de agua para las poblaciones. Según el Informe de la calidad de agua de los ríos de El Salvador. Año 2020, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2021), “el 71.3 % de los sitios evaluados presenta una calidad de agua ‘mala’, que restringe el desarrollo de vida acuática; el 21.3 % de los sitios presentan calidad de agua ‘regular’, que limita el desarrollo de vida acuática; y un 7.4 % de los sitios presentan una calidad de agua ‘pésima’, que imposibilita el desarrollo de vida acuática” (p.23). Los datos anteriores no son alentadores y parecen empeorar año con año, a medida que el deterioro ambiental también se agrava con mayor intensidad.
De hecho, de acuerdo con Erazo (2017), “a pesar de que el país cuenta con una oferta hídrica abundante, en las últimas décadas se ha venido experimentando una crisis severa asociada con la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso debido a los altos índices de contaminación de los cuerpos de agua, la sobreexplotación de acuíferos, períodos de sequías más frecuentes y prolongados y la disminución de la capacidad de infiltración del territorio debido a la impermeabilización de los suelos por nuevas urbanizaciones y a la deforestación generalizada, principalmente en las zonas de recarga hídrica” (p.7).
En ese sentido, pese a que cada vez hay menos disponibilidad de agua de calidad para satisfacer las necesidades básicas de los hogares salvadoreños, el Estado tampoco está tomando las medidas pertinentes para atender esta situación. Por el contrario, en lugar de crear políticas públicas para la preservación de los bienes hídricos y para lograr una distribución justa del agua, desde el Gobierno se sigue promoviendo un modelo de “desarrollo” que acelera la depredación ambiental y castiga a quienes defienden los bienes naturales y el territorio1. Parte de este modelo ha priorizado las grandes inversiones urbanísticas y turísticas y, para ello, el Gobierno ha acelerado la aprobación de permisos ambientales para este tipo de proyectos, tal como lo señaló el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, en una reunión en Casa Presidencial, en julio de 20192.
Esta apuesta por las inversiones urbanísticas y turísticas tiene un fuerte impacto en el estado de los bienes hídricos del país, tal como lo han denunciado en reiteradas ocasiones diferentes organizaciones ambientalistas. Como ejemplo de lo anterior, se puede destacar el otorgamiento del permiso ambiental para la construcción del complejo habitacional Ciudad Valle El Ángel, de la empresa Urbánica, que estará ubicado en una de las zonas de alta recarga hídrica más importantes de San Salvador3. De igual forma, en las últimas semanas, una investigación periodística reveló que el terreno en el que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa) planea construir el Aeropuerto del Pacífico “está sobre una masa de agua subterránea, atraviesa los caudales de cuatro ríos y, al quedar a escasos metros, amenaza al Estero El Tamarindo, que tiene categoría de Área Natural Protegida” (Girón, 2022). Además de estos grandes proyectos que ponen en riesgo los bienes hídricos del país, la bancada oficialista y los partidos aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron, en diciembre pasado, la Ley General de Recursos Hídricos que establece la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que tendrá la facultad de autorizar el uso y aprovechamiento del agua con fines industriales, comerciales, agropecuarios, etc. hasta por 15 años renovables sin necesidad de tramitar un permiso ambiental, algo que había sido solicitado por representantes de los sectores de la construcción y de la industria en la Comisión Ad hoc que estudió dicha ley4.
Este tipo de autorización para el aprovechamiento del agua ha sido catalogada por distintas organizaciones ambientalistas como un elemento privatizador del agua. De acuerdo con López (2022) “la trasnochada Ley que aprobaron los y las diputadas del oficialismo el 21 de diciembre legaliza la tenencia de los derechos y explotación de los acuíferos por un plazo de entre 15 y hasta 30 años a las empresas corporativas, a razón de 1000 metros cúbicos por día (a cada gran consumidor autorizado)”. De hecho, este aspecto de la ley incluso fue destacado por el relator de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, Pedro Arrojo, quien advirtió que una de las grandes problemáticas del país con respecto al tema del agua son los procesos de privatización a través de concesiones por largos periodos de tiempo5. Además, entre otros aspectos cuestionables, la Ley General de Recursos Hídricos no contempla la creación de ningún tipo de estructura de consulta y participación ciudadana, tanto a nivel nacional como local, sobre la gestión del agua.
En este contexto, es evidente que la protección de los mantos acuíferos y el cumplimiento del derecho humano al agua son tareas cada vez más complejas. Como bien señalaron algunas organizaciones ambientalistas el pasado 22 de marzo, en el día mundial del agua “no hay nada que celebrar”. La lucha por la preservación del agua no solo se enfrenta ahora a los desafíos que impone el cambio climático, sino también a una apuesta gubernamental que promueve y defiende con fuerza los intereses de grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros y que conlleva a la depredación y al extractivismo de los bienes hídricos del país, mientras se perpetúa la desigualdad en el acceso al agua en El Salvador.
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Notas
2. Ver: https://sv.boell.org/es/2019/09/18/100-dias-de-priorizar-permisos-ambientales-e-ignorar-ley-del-agua
3. Ver: https://gatoencerrado.news/2020/11/06/medio-ambiente-da-luz-verde-a-la-construccion-valle-el-angel/
Referencias
1. Erazo, M. (2017). Valoraciones del enfoque extractivo del Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de El Salvador. Friedrich Ebert Stiftung.
2. Girón, G. (2022, 15 marzo). Gobierno proyecta nuevo aeropuerto en área que se inunda. La Prensa Gráfica. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-proyecta-nuevo-aeropuerto-en-area-que-se-inunda-20220313-0049.html
3. López, A. (2022, 6 enero). La Ley de Agua es privatizadora y promueve su explotación comercial. El Faro https://elfaro.net/es/202201/columnas/25925/La-Ley-de-Agua-es-privatizadora-y-promueve-su-explotaci%C3%B3n-comercial.htm
4. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). (2021, enero). Informe de calidad de agua de los ríos de El Salvador. Año 2020. https://cidoc.marn.gob.sv/documentos/informe-de-calidad-de-agua-de-los-rios-de-el-salvador-ano-2020/
* Fátima Peña, de la Vicerrectoría de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.°83.