Dudas, preguntas

La disminución de los homicidios en el país es el tema del momento. Y lo es precisamente porque, como lo han revelado las últimas encuestas del IUDOP y de otras entidades, la inseguridad es el problema más sentido por el pueblo salvadoreño. Por eso, el acuerdo entre las pandillas o entre estas y el Gobierno es una cuestión de fundamental importancia para la realidad nacional. En esta línea, lo primero que hay que afirmar es que la reducción de los homicidios es buena noticia. En la situación que vivimos, nadie puede estar en contra de que bajen las muertes de compatriotas; muchos soñamos con tener un país en el que la seguridad no sea patrimonio solo de los que pueden pagar servicios de seguridad privada. El problema viene de las ambiguas explicaciones sobre cómo se llegó a esta reducción.

El acuerdo entre las pandillas o entre estas y el Gobierno es en sí mismo un tema sumamente complejo. Pero se ha convertido en un verdadero entuerto por las diversas y hasta contradictorias versiones de personas que evidentemente no se han puesto de acuerdo antes de dar declaraciones. Esta situación ha provocado más dudas que certezas, más preguntas que respuestas. Veamos algunas de las preguntas que deberían ser contestadas por las autoridades.

La primera, por supuesto, hace referencia a los protagonistas del acuerdo. ¿Es la reducción de homicidios el fruto de un acuerdo entre las dos pandillas rivales o entre estas y el Gobierno? Por las versiones que se han dado, el pueblo salvadoreño tiene motivos para dudar. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, dijo enfáticamente que no hubo negociación con los cabecillas de las maras. A su rescate salió monseñor Fabio Colindres, revelando que el acuerdo es producto de conversaciones añejas en las que el Ejecutivo no tuvo nada que ver. Pero dado que el Ejecutivo es la instancia que decide el traslado de prisioneros, entonces ¿cuál es en realidad el grado de participación del Gobierno? El obispo Colindres sostiene que no se ofreció el traslado a cambio de la reducción de los homicidios, pero el Director de Centros Penales dijo recientemente que el traslado se mantendría mientras persista la baja en la tasa de homicidios. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Es el traslado de los cabecillas una especie de canje por la reducción de homicidios, como dejó entrever el Director de Centros Penales? ¿O es al revés? ¿Gracias al traslado los pandilleros decidieron dar órdenes de que se redujeran los homicidios, como sostiene monseñor Colindres?

De lo anterior se desprende una segunda pregunta: ¿a quién representó el obispo en su labor de mediador? ¿A la Iglesia? ¿A la Fuerza Armada? Porque, además de ser un hombre de Iglesia, también es una persona integrada a la estructura militar. Es decir, está bajo la jurisdicción de ambas instancias. Las primeras declaraciones del arzobispo, monseñor Escobar Alas, sosteniendo que la petición de trasladar a los líderes pandilleros debió ser a título personal por parte de monseñor Colindres hacen pensar que este no actuó en nombre de la Iglesia. Sin embargo, el respaldo del nuncio apostólico en una posterior conferencia de prensa y las subsiguientes declaraciones de otros jerarcas hacen pensar lo contrario. Esto da derecho a la duda, pues monseñor Colindres tiene vinculación orgánica con la instancia del Ejecutivo que se ha visto en entredicho. ¿Cuál fue el papel del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entonces? Munguía Payés dijo que fue petición de monseñor Colindres trasladar a los cabecillas, mientras que el obispo dice que la petición no fue para personas específicas. ¿Cómo se concilian estas versiones?

La tercera pregunta que nos asalta no es menos importante que las anteriores. Este tema salió a la luz pública gracias a una publicación de El Faro. ¿Qué habría pasado si el periódico digital no hubiera dicho nada? ¿Se hubiera mantenido en secreto la negociación? ¿Se hubiera adjudicado la baja de homicidios al trabajo de la PNC? Si este hubiera sido el caso, el general Munguía Payés podría haber dicho que cumplía con la promesa de bajar los homicidios. Pero tal y como han salido las cosas después de la revelación de El Faro, los que destacan son monseñor Colindres, por su mediación, y las pandillas, que han demostrado con suficiencia su poder para pacificar el país (el mismo poder que antes ejercieron para violentarlo). Esta coyuntura nos permite ver con diáfana claridad la importancia de un medio que hace uso de la libertad de expresión y de prensa. Se esté o no de acuerdo con el tratamiento de una nota, no existe absolutamente ninguna justificación para las amenazas de las que han sido objeto El Faro, su director y sus periodistas. La salud de una democracia se mide por el estado de la libertad de expresión e información. Las amenazas a El Faro son en el fondo una amenaza a la incipiente democracia salvadoreña. La UCA respalda y se solidariza con la labor de El Faro y de su equipo.

La cuarta pregunta se la hace mucha gente en estos momentos: ¿por qué en una situación tan delicada y que toca tan a fondo la vida del pueblo salvadoreño el Presidente de la República ha guardado silencio? ¿No le parece pertinente decir una palabra o está consciente del entuerto que vive la opinión pública? ¿Es este un asunto solo del gabinete de seguridad? Y finalmente, la cuestión que está en la mente de muchas personas: ¿en qué consiste la negociación? ¿Cuáles son los términos? ¿Cuáles, sus contenidos? ¿Sus plazos? Como cuando sufríamos la guerra civil y la población apoyó el proceso de negociación, veinte años después, en esta guerra social, también la población puede y quiere apoyar la negociación para la paz. Pero para ello esta negociación debe ser en todo transparente y debe garantizar un fin definitivo a la violencia contra la ciudadanía.