El Estado salvadoreño, cuestionado

Hace casi 17 años, Ramón Mauricio García Prieto Giralt fue asesinado por un escuadrón de la muerte integrado por policías de los antiguos cuerpos de seguridad, pero también de la entonces recién formada Policía Nacional Civil. Hasta la fecha, no se ha investigado quién ordenó su ejecución y las continúas amenazas a sus padres, Mauricio y Gloria.

Por esta negligencia estatal para investigar, en noviembre de 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño. Le ordenó, entre otras cosas, dar con los responsables intelectuales de los asesinatos y las amenazas, publicar la sentencia en un periódico de amplia circulación nacional y brindar asistencia médica y sicológica a los señores García Prieto.

Un año antes, el 26 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana mandó al Estado salvadoreño proteger la vida de Gloria y Mauricio, la de sus hijas y la de sus representantes. Desde entonces le había solicitado investigar las amenazas y evitar que se repitieran.

Este jueves 28 de enero, el mismo organismo convocó a una audiencia para conocer cómo se habían cumplido sus mandatos. El Estado admitió no haber investigado nada ni haber brindado la protección requerida, tampoco dio la asistencia médica y sicológica para los señores García Prieto.

La delegación oficial también reconoció que en el pasado había ofendido a las víctimas con sus escritos y su actuación en el sistema interamericano. Asimismo, aceptó que la publicación de la sentencia no se hizo de forma satisfactoria y se comprometió a hacerla de nuevo, como es debido.

Pese al cambio del discurso estatal, el fondo también debe ser otro. Es cierto que debe destacarse que el Director de la Policía Nacional Civil haya contactado a los padres de Ramón Mauricio para concretar las medidas de protección, pero también urge que haya gestiones de alto nivel entre el jefe de Estado y el Fiscal General, para garantizar que se investigue y se dé con los autores intelectuales del asesinato y las amenazas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también revisó las medidas provisionales otorgadas para proteger la vida y la integridad de Adrián Meléndez Quijano, su familia y sus representantes. Las amenazas contra este coronel se originaron por denunciar a mandos militares que violaron sus derechos cuando se desempeñaba como jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Nacional. El más reciente acto de intimidación ocurrió cuatro días antes de esta audiencia, lo que confirma la persistencia de las amenazas y la necesidad de cumplir lo ordenado por la Corte Interamericana.

El Estado, en este caso, argumentó falta de recursos para costear la alimentación y el resto de la logística necesaria para cumplir. Asimismo, aceptó que no había investigado el origen de los hostigamientos. Al respecto, la Corte planteó que todos los demandados justifican el incumplimiento con limitaciones económicas, pero que eso no puede ser excusa cuando se trata de resguardar la vida e integridad física de las personas.

Como en el caso García Prieto, el IDHUCA demanda que se reúnan el Presidente de la República y el Fiscal General para garantizar que se investigue y ubique a los responsables de las amenazas, pues esa es la mejor forma de enfrentarlas. También exige al Estado que provea la seguridad necesaria para el coronel Meléndez y su familia.

Ni los señores García Prieto, ni el coronel Meléndez, ni sus familiares causaron esta situación; no tiene sentido que hayan tenido que ir hasta ese organismo de la Organización de Estados Americanos para obtener justicia y seguridad. El origen de los padecimientos de estas familias y de muchas otras en este país hay que buscarlo en las estructuras estatales. Por eso, el cambio de discurso debe acompañarse de cambios en la actuación estatal.