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El fútbol es un deporte que tiene millones de aficionados y practicantes. Aglutina a las personas alrededor de un equipo e incluso ha servido de inspiración para la obra de cantantes y escritores. Sin embargo, también ha sido manipulado por intereses políticos.
En 1978, por ejemplo, la dictadura militar en Argentina utilizó el campeonato mundial de ese año para enfrentar las críticas contra el régimen político. El lateral derecho de la selección alemana, Berti Vogts, se atrevió a declarar: "Argentina es un país donde reina el orden. Yo no he visto a ningún preso político".
Ciertamente, lo suyo era el fútbol y nada más. Ahora nadie duda de las atrocidades cometidas en aquellos tiempos en la nación campeona del último torneo de la década de los setenta. Ahora se rumora que el primer ministro italiano y presidente del club de fútbol Milan no anuncia la venta del mejor jugador de su equipo por las implicaciones que tendría en las elecciones de este fin de semana.
El balompié también es comercio. Cada año se mueven millones de dólares en contrataciones, comercialización de camisetas y otros artículos deportivos, patrocinios, mercadeo, derechos de transmisión y venta de boletos. Eso ocurre en Europa, pero también en Latinoamérica.
En El Salvador, el fútbol también mueve dinero, pero, como ocurre en otros ámbitos de la vida nacional, hiede a corrupción. Hace ya algunos años, en la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) hubo un millonario faltante que desestabilizó a todo el deporte nacional.
Juan Torres, el ex presidente de la Fesfut, fue procesado por fraude, pero no terminó tras las rejas porque la Fiscalía fue incapaz de presentar pruebas de su culpabilidad. Ese antecedente ha sido nocivo. Se permitió la impunidad.
Ahora que la selección salvadoreña ha vuelto a despertar ilusiones en sus aficionados y aficionadas, resulta nuevamente rentable y atractiva para las empresas y para quienes manejan la Federación. Pero, otra vez, hay señalamientos de malversaciones o, al menos, de manejos oscuros. La actuación de la Federación frente al partido contra la selección mexicana genera muchas dudas. Si el estadio Cuscatlán, donde se jugará el partido, tiene capacidad para alrededor de treinta mil personas, ¿cómo se agotaron los boletos en menos de seis horas? ¿Cómo es que el mercado negro obtuvo tantas entradas si se dijo que sólo se venderían dos por persona?
Ya en el encuentro con la selección de Estados Unidos se había dado otro problema. Muchos aficionados no pudieron entrar pese a comprar su boleto. Nadie ha respondido si hubo sobreventa, ni se ha devuelto el dinero a estas personas. ¿No es esto un delito contra las aficionadas, los aficionados y la economía pública? Aunque ya la Defensoría del Consumidor anunció que indagará sobre el caso de los boletos para el partido contra México, también el de Estados Unidos debe investigarse. Ojalá que no se permita la impunidad si es que se hizo algo ilícito.
También debe ponerse atención al contrato de transmisión exclusiva de los juegos de la selección. Los consumidores tienen derecho a elegir quién les presta un servicio. Además, los medios de difusión tienen derecho a informar sobre cualquier hecho; y la población, a ser informada. El contrato debe ser analizado a la luz de la declaración de principios sobre libertad de expresión. Debe tenerse claro que ni la Federación Salvadoreña de Fútbol ni nadie debe estar por encima de la ley.
